La casualidad ha querido que sea en Bratislava, una ciudad situada justo a mitad de camino entre el Reino Unido y Turquía, donde los líderes europeos se vayan a reunir el próximo 16 de septiembre para hablar del futuro de la UE.

Sobre la mesa, ya no estará únicamente la discusión sobre el nuevo rumbo que deben tomar los Veintisiete tras la victoria del Brexit, tal como estaba previsto. Austria también quiere plantear ahora la posibilidad de romper las negociaciones de adhesión con Ankara, vista la deriva autoritaria que está adquiriendo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, después del fallido golpe de Estado.

“Sabemos que los estándares democráticos de Turquía están lejos de justificar su adhesión”, dijo el jueves el canciller austriaco, Christian Kern, en una entrevista a la televisión pública ORF, en la que llegó a calificar de “ficción diplomática” la relación que la UE tiene con el país.

Las miles de detenciones que el Gobierno turco está llevando a cabo contra militares, jueces, periodistas y educadores desde el 15 de julio están tensando la cuerda de una convivencia que ya de por sí es complicada. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha acusado esta semana a Erdogan de no respetar el Estado de Derecho, después de que éste dijera que la justicia italiana “debería ocuparse mejor de la mafia”, en vez de investigar a su hijo por una supuesta fuga de capitales. Aunque no ha ido tan lejos como Kern, que ha sido el único mandatario en plantear una propuesta tan extrema.

Bruselas también ha endurecido su mensaje hacia Ankara, aunque siempre dejando la puerta abierta al entendimiento. “Si damos la impresión a Turquía de que sea cual sea la situación, la UE no está lista para aceptarla, diría que se trata de un grave error de política exterior”, comentó el presidente de la Comisión Europea, Jean – Claude Juncker, a la televisión alemana ARD, horas después de escuchar al canciller austriaco. “No creo que fuera de ayuda romper unilateralmente las negociaciones con Turquía”, afirmó, añadiendo que en cualquier caso, es una decisión que corresponde tomar por un unanimidad entre todos los estados miembros “y en este momento no veo esa disposición”.

Al menos, no por ahora, porque tanto Juncker como diversos líderes europeos –entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel– han dejado claro que las negociaciones se truncarían inmediatamente si Erdogan reinstaura la pena de muerte, abolida el 2004 precisamente para iniciar el proceso de adhesión.

La UE se encuentra en una posición difícil. Debe mostrarse firme ante el autoritarismo que se está acentuando en Turquía, pero al mismo tiempo depende de ella para mantener bajo un cierto control la crisis migratoria. Desde que se firmó el acuerdo sobre refugiados el 18 de marzo, el número de inmigrantes que han llegado a las islas griegas se ha reducido a una media de 89 al día, frente a los más de 1.700 que lo hacían antes.

Sabedora de su posición de fuerza, Ankara ha amenazado con romper el acuerdo si Bruselas no ofrece en octubre lo que espera a cambio: la liberalización de visados para que los ciudadanos turcos puedan viajar libremente por suelo comunitario. Juncker ha admitido que el pacto es más “frágil” que al principio y los países europeos no quieren ceder tan fácilmente al chantaje turco. Además de exigirle a Erdogan que controle el flujo migratorio, le piden que adapte su ley antiterrorista a los estándares europeos. Una posibilidad que parece imposible, después de haber declarado el Estado de excepción tras la fallida asonada.

Grecia y Bulgaria, los dos países europeos que tienen frontera con Turquía, han elevado la voz de alarma, ante el temor de que el pacto de marzo se rompa. De momento, el gobierno turco ha retirado a los oficiales que había enviado a las islas griegas para ayudar en las tareas de retorno de los refugiados sirios que han llegado en los últimos meses.

Ante esta situación, el ministro heleno de Inmigración, Yiannis Mouzalas, pidió el miércoles a Bruselas un plan B por si Turquía acaba cumpliendo su amenaza y relaja el control en sus fronteras. También reclamó al resto de socios que asuman el compromiso de repartirse 160.000 asilados. Por su parte, Frontex (la agencia europea de control de fronteras) anunció el viernes que, a petición de Sofía, aumentará la vigilancia entre Bulgaria y Turquía.

En un reciente artículo, Marc Pierini, embajador de la UE en Turquía entre 2005 y 2011, se mostraba optimista en cuanto al cumplimiento del acuerdo migratorio. Lo que es más probable es que, dado que ambos tienen “preocupaciones más importantes que la liberalización de visados”, sigan “aplicando los puntos principales del pacto”.

En cambio, es más pesimista cuando habla de la cooperación de Ankara con sus aliados de la OTAN para combatir al Estado Islámico (EI). Un día después de la asonada, Ankara cerró una semana la base militar de Incirlik, desde la que EE.UU. lanza sus bombardeos. “Este es el peor momento posible para tener dudas sobre el papel de Turquía”, decía Pierini. Después de los atentados que está sufriendo Europa, “se necesita una acción más decisiva de Turquía contra el EI”.