MIENTRAS la UE continúa paralizada, miles de personas siguen llegando a Europa huyendo de las guerras que asolan sus países. Desde 2015, han alcanzado las fronteras europeas, siguiendo diferentes rutas marítimas y continentales, más de un millón de refugiados, fundamentalmente de tres países: Siria (43%), Afganistán (23%) e Irak (14%). Hasta que se decida su destino definitivo, muchos malviven en difíciles condiciones en campamentos más o menos improvisados, porque desde que se activara el mecanismo de emergencia en septiembre del pasado año para distribuir por cuotas a 160.000 de ellos, apenas han sido recolocados varios centenares. La negativa de muchos países a acogerlos por motivos raciales, religiosos o de seguridad y la complicada gestión de tan elevado número de solicitudes de asilo están contribuyendo a prolongar el sufrimiento de unas familias que tuvieron que huir precipitadamente de las bombas y abandonar sus hogares.

Por otra parte, en virtud del acuerdo firmado por la UE con Ankara el pasado mes de abril, han sido devueltos a Turquía 386 inmigrantes irregulares que no habían presentado solicitudes de asilo, de los cuales, los países comunitarios sólo han acogido a 135 refugiados sirios.

Es urgente, por tanto, desbloquear esta dramática situación. La UE debe articular una respuesta aceptable y humanitaria acorde a los valores que representa la Declaración de los Derechos Humanos sobre la que se sustenta su proyecto político. Y aunque es cierto que es éticamente inaceptable poner valor a la vida de una persona, la propuesta de la Comisión Europea de multar a los países que decidan mantenerse al margen del sistema de distribución y recolocación de refugiados puede resultar eficaz. Entre las modificaciones del Código de Dublín presentadas ayer, que tendrán que ser aprobadas tanto por el Parlamento como por el Consejo europeos, está la de imponer sanciones de 250.000 euros por cada demandante rechazado que tenga que ser recolocado en otro país. De esta manera, con unas cifras tan elevadas, se pretende obligar a todos los miembros de la UE a que colaboren activamente a resolver de una vez por todas la actual crisis migratoria. Bruselas no quiere hablar de multas, sino de «contribución solidaria», ya que ese dinero sería destinado al país que se hiciese cargo de los refugiados y por consiguiente redundaría en su beneficio.

Es obvio que la propuesta no suscitará la unanimidad deseada, pero haría muy mal el Consejo si, para lograr una solución consensuada, iniciara un mercadeo rebajando la cantidad económica. Polonia ya ha reaccionado, tachando de «inaceptable» la propuesta y anunciando su oposición «enérgica», que con toda seguridad será secundada por países como Eslovaquia, que se han pronunciado en contra de acoger refugiados.

Otro aspecto polémico de las modificaciones presentadas ayer por la Comisión tiene que ver con los propios refugiados. A partir de ahora, podrían ser sancionados si no cumplen el protocolo establecido por la UE. En concreto, lo que se pretende evitar es que un mismo refugiado solicite asilo en varios países a la vez y pueda elegir el lugar en el que instalarse definitivamente. Según datos de la Comisión, que considera irregular la doble petición, en 2014 el 24% de los que pidieron asilo lo habían hecho ya con anterioridad en otro país. No cabe duda de que esta situación entorpece y complica la tarea de los responsables de llevar a cabo la instalación de los refugiados, pero se limita, sin embargo, el derecho a decidir el lugar de residencia de cada uno de ellos. Sorprende, en cualquier caso, la contundencia con la que se expresa la Comisión: «No tienen derecho a decidir», dice, y propone que sean rechazadas las peticiones de cualquier persona que haya presentado solicitudes en varios países a la vez.

Si todas las modificaciones planteadas contribuyen a solucionar un problema que ha desbordado todas las previsiones imaginables, bienvenidas sean. Pero la UE debe tomar conciencia de la necesidad de consensuar cuanto antes una solución para acabar con la situación dramática que viven las miles de personas que buscan refugio y les ampara el derecho internacional de asilo.