La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que los gobiernos de la Unión Europea que no quieran participar de un nuevo mecanismo de emergencia para repartir la carga de la acogida de refugiados en casos de crisis puedan eludir esta responsabilidad a cambio de pagar una cantidad determinada por cada uno de los refugiados que no acepte, han informado fuentes europeas. La suma es de 250.000 euros por cada refugiado rechazado.

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Con ello Bruselas deja de lado su idea original de crear una ventana única para gestionar un sistema de reparto de cuotas de acogida permanente, y propone reformar el reglamento de Dublín que obliga a resolver el expediente de asilo en el primer país al que llega la persona para incluir el mecanismo de emergencia. La propuesta, que aún debe ser negociada con los Veintiocho y con el Parlamento Europeo, sí contempla reforzar la Agencia Europea de Asilo (EASO, por sus siglas en inglés) para que registre todas las peticiones de protección internacional presentadas en los Estados miembros y las aceptadas por cada país, con el objetivo de medir la presión sobre cada uno.

Así, el mecanismo de corrección se activaría al detectar que la llegada de demandantes de asilo supera en un 50 % la capacidad total de un país para atender refugiados, y se pondría en marcha de manera temporal, hasta que las cifras se estabilizaran y la sobrecapacidad se redujera por debajo de ese 50 %. La clave de reparto para distribuir entre el resto las plazas que un Estado miembro no pueda asumir porque se encuentra bajo una «presión desproporcionada» se fijará en función de la población de cada país y de su PIB, aunque tendrá también en cuenta el «esfuerzo» que ya haga para acoger a refugiados llegados de países terceros.

Con todo, Bruselas contempla que un gobierno pueda rechazar «temporalmente» formar parte de este sistema de emergencia, aunque podría eludir la responsabilidad a cambio de pagar una compensación económica por cada refugiado que no acepte acoger en el marco del mecanismo de solidaridad. La cantidad recaudada se redirigirá a los Estados miembros que cubran las plazas que el país que se dé de baja temporalmente no acepte. Tampoco participarán los países que ya tengan su capacidad de acogida al 100 %, mientras que otros, como el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que gozan de distintas cláusulas de participación, tendrán la opción de elegir si quieren formar parte del sistema.

Rechazo centroeuropeo
Los ministros de Exteriores centroeuropeos han rechazado las propuestas de Bruselas en materia migratoria y Hungría ha calificado de «chantaje» los planes de un sistema de cuotas para distribuir a los solicitantes de asilo y las multas para quedarse fuera. «Respecto a las multas propuestas por la Comisión Europea, es un chantaje», ha declarado el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, tras una reunión con sus homólogos de República Checa, Eslovaquia y Polonia en Praga.

«El concepto de cuotas es un callejón sin salida y me gustaría pedir a la Comisión que no siga avanzando por este callejón sin salida», ha añadido. Por su parte, el ministro del Interior eslovaco, Robert Kalinak, ha considerado desde Bratislava que la propuesta de Bruselas supone un retroceso en los esfuerzos de la UE para hacer frente a la crisis migratoria y no se corresponde con la realidad. Kalinak ha opinado que el momento en el que se ha presentado la propuesta es complicado dados los esfuerzos para lograr un consenso respecto al cierre de las rutas migratorias y al acuerdo con Turquía.

«En medio de estas conversaciones tan sensibles, se pone sobre la mesa una propuesta que nos pone de vuelta nueve meses atrás y no respeta la realidad en algunos aspectos», ha declarado.
También el ministro del Interior polaco, Mariusz Blaszczak, ha criticado lo planteado por Bruselas. En su opinión, «es un mal sistema (…) No tiene sentido, viola los derechos de los Estados miembro de la UE», ha sostenido en Varsovia.