Las ikastolas concertadas llevaron ayer al Parlamento vasco su reclamación de una mayor financiación pública que les permita «ofrecer una enseñanza gratuita». Reiteraron que las subvenciones que reciben del Gobierno vasco no les permiten cubrir todos los gastos – por lo que deben cobrar cuotas a las familias – ; y pidieron una ley de educación vasca en la que las ikastolas sean parte de un servicio público único en el que se financie a los centros según sus necesidades y la función que cumplen.

El presidente de Ikastolen Elkartea, que agrupa a estos centros concertados del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés, Koldo Tellitu, y su director, Imanol Igeregi, comparecieron ayer en una comisión parlamentaria para reclamar la urgencia de contar con una Ley Vasca de Educación que haga posible responder a las «necesidades actuales» de la enseñanza. Tellitu subrayó que la normativa en vigor, de 1993, solo tiene en cuenta a la mitad de los colegios de Euskadi, a los públicos, mientras que los concertados «no están debidamente amparados». Una nueva ley, a su juicio, sería una «buena vía» para «dar respuesta a iniciativas reaccionarias como la Lomce», mejorar unos resultados escolares que calificó de «mediocres» y abordar cuestiones que «necesitan una solución» como «la escolarización del alumnado inmigrante o el plurilingüismo».

Más autonomía y euskera

Igeregi destacó los puntos principales que para su asociación tendría que recoger la ley. Debería, detalló, «regular un servicio educativo en el que estén integrados todos los centros mantenidos con fondos públicos, los dependientes de la Administración y los concertados», pero «sin perder su titularidad ni su proyecto educativo».

En su propuesta, el Gobierno vasco sería el responsable de planificar el «servicio, el control, la evaluación y la financiación» de todos los centros. A su vez, escuelas y colegios deberían adquirir las obligaciones de «aceptar a todos los alumnos sin exclusiones y de garantizar el derecho a una enseñanza obligatoria gratuita». Insistió en que para que los concertados puedan cumplir con estos deberes, la Administración «debe dotarles de una financiación suficiente que garantice su gratuidad» y que también permita equiparar el salario de los docentes de ambas redes. Igeregi aclaró que las ikastolas «nunca han cerrado la puerta a un alumno inmigrante», pero resaltó que para que «las condiciones económicas no impidan su acceso» a los colegios concertados debe existir esa «gratuidad real».

Tellitu señaló que una nueva ley vasca también es necesaria para «avanzar en un modelo plurilingüe que no obstaculice el desarrollo del euskera y que tenga esta lengua como eje». En su propuesta habría que fijar un nivel a alcanzar en euskera y castellano, equivalente al B2; y otro más bajo en inglés (B1). A juicio del responsable de las ikastolas hay que incrementar la autonomía de los centros – «es una característica común en los sistemas educativos de éxito», dijo – y desarrollar un «modelo propio de evaluación» que mida las competencias que se enseñan en las aulas vascas.