Erika Andiola es una dreamer. O sea, una soñadora. Un dreamer es también una persona que se vería beneficiada de la Ley DREAM, que son las siglas en inglés de Desarrollo, Alivio y Educación para los Menores Extranjeros. DREAM significa sueño. Y así es como se encuentra ese texto legislativo: durmiendo el sueño de los justos desde que fue presentada en el Senado de EEUU por primera vez hace casi 15 años.

El sueño de Andiola es que se regularice su situación y pueda hacer algo tan básico como tener un estatus de residencia legal. Los dreamers llegaron a Estados Unidos como inmigrantes ilegales cuando eran menores. Y así siguen. En 2012, en vísperas de las elecciones presidenciales, Barack Obama dictó una orden ejecutiva en virtud de la cual no se deportará a las personas que podrían beneficiarse de la aprobación de la Ley Dreamer. Es una especie de amnistía temporal inmigratoria.

A día de hoy, Andiola es legal. Pero el próximo presidente podría derogar la orden de Obama. Le llevaría apenas unos minutos. Y entre un millón y 1,5 millones de personas cuyo único delito fue llegar a EEUU con sus padres, volverían a estar bajo la angustia de la expulsión inmediata.

Andiola tiene 28 años y es responsable de comunicación con los medios en español de la campaña del demócrata Bernie Sanders. Ella sabe lo que es una expulsión. Fue hace justo tres años, en enero de 2010. Erika estaba en la casa de su madre, en Mesa, una ciudad de Arizona. Iban a salir con su hermano a cenar para celebrar que Erika había conseguido trabajo como asesora de una congresista. La madre, María Arreola, estaba en la ducha. Eran las 21.00 horas.

Entonces llamaron a la puerta agentes de inmigración armados. Ya habían arrestado al hermano de Erika, a pesar de que éste tenía estatus legal. Pero ahora querían a su madre. La tiraron al suelo y se la llevaron. Aquella noche, el hermano de Erika, desde su celda, le tiraba besos a su madre y le decía: «No te preocupes. Todo va a ir bien. Vamos a volver a casa». Estaba mintiendo. La policía ya le había dicho que él no sería expulsado. El objetivo de las autoridades era personas que estaban trabajando con documentos falsos. Y ése era el caso de María Arreola.

Entretanto, Erika estaba movilizando a sus contactos. Llamó a sus colegas en Washington. Colgó un vídeo en el que lanzaba un mensaje emocionado e incoherente en YouTube. Puso un mensaje lleno de tacos en su muro de Facebook. «Estaba furiosa y desesperada, porque era muy injusto. Mi madre vino a Estados Unidos desde México huyendo del maltrato doméstico al que la sometía mi padre. No vino a conquistar ningún país», recuerda en una conversación telefónica desde Las Vegas, donde trabaja en la campaña de Sanders.

A las 9.00 horas, Erika recibió una llamada telefónica. Su madre no sería deportada. Su campaña había tenido éxito. De hecho, María Arreola estaba ya en un autobús rumbo a la frontera, que dio la vuelta y la llevó de regreso a Mesa. «Mi madre se sintió horriblemente mal, porque a ella la dejaron bajarse, pero al resto los llevaron a México. Eso demuestra lo injusto del sistema», explica la asesora de Sanders, que nunca ha podido ejercer su licenciatura en Psicología precisamente por su situación inmigratoria que, de hecho, estuvo a punto de impedirle acabar la universidad. Desde el incidente, su madre está bajo un permiso que se renueva anualmente, cada diciembre. Si en un momento lo pierde, volverá a ser totalmente ilegal y, por tanto, susceptible de deportación.

El que la campaña de uno de los candidatos que lideran las encuestas en las primarias de EEUU haya dado un cargo de responsabilidad a una persona como Andeola indica el creciente peso político de los inmigrantes. En Iowa, miles de inmigrantes de origen latinoamericano han recibido llamadas en los últimos días para que voten en los caucus o al menos en las elecciones de noviembre, contra los candidatos que defienden la expulsión de indocumentados.

Es una forma indirecta de segar la hierba bajo los pies de los republicanos que lideran las encuestas –Donald Trump, Ted Cruz, y Marco Rubio– que han propuesto desde expulsar a ilegales hasta cerrar la frontera, y que coinciden en el rechazo a fórmulas para regularizar a los 11 millones de sin papeles que hay en EEUU.

El pánico es tal que miles de inmigrantes legales están adoptando la ciudadanía estadounidense, a pesar de que no les afectarían esas medidas. Y eso es algo que favorece a los demócratas. El sindicato de Trabajadores de Servicios, que respalda a Hillary Clinton, ha lanzado una iniciativa para que los que tienen permiso de trabajo y residencia (la llamada Green Card) adopten la nacionalidad de EEUU. Es una iniciativa humanitaria, pero con un fin político muy claro. Porque sólo los ciudadanos pueden votar en las presidenciales. Y, cuantos más hispanos haya en condiciones de hacerlo, más votos llevarán los demócratas. Andiola, eso sí, no podrá votar. Ni por Sanders ni por nadie. Ése es otro sueño.