El Gobierno sueco está dispuesto a encabezar un plan europeo de expulsiones masivas de solicitantes de asilo para aliviar la crisis provocada por la oleada de refugiados de los últimos meses. En declaraciones al diario Dagens Industri, el ministro del Interior, el socialdemócrata Anders Ygeman, avanza que Suecia expulsará a entre 60.000 y 80.000 personas, aproximadamente el 45% de los llegados al país escandinavo, una vez tramitadas las solicitudes de asilo. Ha sido aprobado el restante 55%.

«Un gran desafío», reconoce Ygeman, para el que será necesario fletar vuelos chárter en colaboración con otras naciones europeas, especialmente con Alemania. Ygeman trató el asunto ayer con su homólogo alemán, Thomas de Maizière, y anunció que ya se están negociando acuerdos con algunos países de origen de los solicitantes, como Marruecos y Pakistán. «Harán falta vuelos desde otros lugares que no sean Suecia, sobre todo de la Unión Europea».

«El primer paso es que sean regresos voluntarios», agregó el ministro. «Para lo cual intentaremos crear las mejores condiciones posibles. Pero existe un riesgo considerable de que haya grandes grupos que traten de ocultarse de las autoridades, entonces habrá que hacerlo por la fuerza. Es un proceso que puede llevar años».

Para completarse en un solo año, sería necesario que Suecia deportase cada día a unas 200 personas.

En Holanda se hizo público otro plan, que también está negociándose en el seno de la UE y que empezaría a aplicarse en primavera. A diferencia del anterior, pretende devolver a los refugiados sin tramitar las solicitudes de asilo, algo que podría ser ilegal, al no cumplir con la Convención de Ginebra. La idea sería devolver a estas personas a Turquía, aunque no han indicado todavía cómo enviar a alguien al punto de partida sin saber si es refugiado o inmigrante económico. La Comisión no quiere pronunciarse de momento hasta que Holanda no ofrezca más detalles, pero el asunto sólo puede pasar por establecer que Turquía es un «país seguro» para ellos y que técnicamente los que ya están en allí no huyen de la guerra.

El Gobierno de coalición liberal-laborista no fletaría vuelos chárter, sino que devolvería por ferry a Turquía a todos los refugiados que lleguen vía Grecia, según explica el líder laborista, Diederik Samson, en una entrevista con el diario De Volksrant. A cambio, la UE aceptaría una entrada regulada, desde Turquía, de entre 150.000 y 200.000 personas.

En intervenciones posteriores en otros medios suecos, Victor Harju, secretario de prensa de Ygeman, ha citado las declaraciones realizadas por el primer vicepresidente de la Comisión Europea, el comisario holandés Frans Timmermans. «Más de la mitad de los solicitantes de asilo que llegan a Europa no huyen de ninguna guerra, sino que son inmigrantes económicos que proceden en su mayor parte de países norteafricanos como Marruecos o Túnez», indicó Timmermans en una entrevista con la cadena pública Nos.

El comisario basa sus afirmaciones en nuevos datos aún no publicados de Frontex, la agencia de fronteras de la UE. «Estas personas no tienen razones para pedir asilo. En la situación actual, la diferencia sería enorme si se consigue separarlos del resto y devolverlos a sus países».

Ese «más de la mitad» que menciona Timmermans coincide a grandes rasgos con la cifra de expulsiones avanzada por Ygeman, en general recibida con cierto alivio por la opinión pública. En Suecia, el escepticismo hacia la masiva llegada de refugiados no ha dejado de aumentar en las últimas semanas, agravado por episodios como el asesinato de una trabajadora en un centro de acogida, apuñalada por un menor de origen libanés, o la agresión en el metro de Estocolmo a una madre con dos niños por parte de un norteafricano, capturada en vídeo y difundida por la Policía.

En noviembre, el Gobierno sueco envió una carta confidencial a varios países de la UE en la que solicitaba ayuda para capear la oleada de refugiados y revelaba que su sistema social soportaba una grave presión. Básicamente, decía, los fundamentos del famoso estado de bienestar corrían peligro de derrumbarse si la situación no se solucionaba.

En efecto, las estimaciones oficiales indican ahora que el gasto público en refugiados para 2016 y 2017 igualará todo el gasto en sanidad y superará el gasto en defensa. Un dato que provoca escalofríos en el ciudadano medio, que en principio deberá resignarse a ver cómo el importe de sus impuestos destinado a hospitales y atención médica ascenderá a la misma cantidad que el que financie la acogida de refugiados.

Sin llegar a tanto, en la vecina Dinamarca también se sienten las consecuencias de la crisis. El Gobierno liberal de Lars Løkke Rasmussen ha tenido que renunciar a la bajada de impuestos que anunció tras su victoria de junio. Con tanto solicitante de asilo, ya no hay dinero. Suecia, con un 1% de su PIB, y Dinamarca, con un 0,57%, son los países europeos que más gastarán en refugiados en 2016, según informa el FMI. A bastante distancia siguen Finlandia con un 0,37% y Alemania con un 0,35%. España gastará un 0,03%.

Respecto a Berlín, ayer se supo que los refugiados no podrán solicitar el derecho al reagrupamiento familiar durante dos años y que no se acogerán a ciudadanos de Marruecos, Argelia y Túnez, al ser países «seguros», informa Carmen Valero.