Copenhague – El Gobierno sueco prevé que entre 60.000 y 80.000 personas que pidieron asilo el año pasado puedan ser expulsadas de este país, el que más peticionarios per cápita recibe de la Unión Europea (UE), al ser rechazadas sus solicitudes. La cifra fue apuntada por el ministro sueco de Interior, Anders Ygeman, que ya ha transmitido a las autoridades migratorias y a la Policía que se preparen para un “reto muy grande”. “En la medida en la que hemos recibido a muchos solicitantes de asilo en Suecia – 163.000 en 2015 – , también aumentará la cifra de quienes vean rechazadas sus peticiones. Si la actual frecuencia se mantiene, se trataría de entre 60.000 y 80.000 personas”, dijo ayer Ygeman a la emisora pública Radio de Suecia. De las 58.802 solicitudes tramitadas el año pasado por la Dirección General de Migraciones, fueron aceptadas el 55%.

Dado que el tiempo medio de resolución de una solicitud fue de 229 días y que más de las dos terceras partes de las peticiones fueron presentadas a partir de otoño, Ygeman admitió que el gran aumento en las expulsiones no se producirá “probablemente” hasta principios del próximo año.

El gran número de personas que se arriesgan a ser expulsadas podría hacer que el Gobierno en minoría de coalición entre socialdemócratas y ecologistas recurra a aviones chárter para las deportaciones, en vez de los vuelos regulares usados hasta ahora. “Es un modo efectivo desde el punto de vista de los costes para las deportaciones. Y puede hacerse en colaboración con la UE o con otros países comunitarios”, dijo Ygeman, que reveló primero sus planes en una entrevista al diario económico Dagens Industri.

Según este medio, el ministro sueco de Interior ya mantuvo el martes conversaciones con su colega alemán para tratar el tema. El Gobierno sueco negocia además con varios países acuerdos para que estos acepten las deportaciones de sus nacionales, entre ellos Marruecos y Afganistán, aunque admite dificultades. “He mantenido discusiones con países del norte de África y con Afganistán. Es una tarea difícil hacer que estos países asuman su responsabilidad”, declaró Ygeman a la emisora Radio de Suecia.

De los 163.000 solicitantes recibidos por este país en 2015, el 32% procedía de Siria, el 26% de Afganistán y el 13% de Irak.

Ygeman anunció que ante el riesgo “significativo” de que muchos de los que vean rechazadas sus solicitudes prefieran vivir en la clandestinidad en Suecia, el Gobierno endurecerá las multas a las empresas que usen mano de obra ilegal.

Aunque el titular de Interior dijo desconocer el coste económico de las expulsiones, el jefe de la unidad de fronteras de la Policía Nacional sueca, Patrik Engström, estimó ayer que deberán duplicar su dotación para poder afrontar la nueva tarea.

se acabó la generosidad La explosión en el número de refugiados producida en otoño colocó al borde del colapso al sistema de acogida sueco e hizo que el Gobierno, presionado por la oposición de centroderecha, diera un giro sustancial a su política de asilo, hasta entonces una de las más generosas de la Unión Europea.

El Gobierno sueco introdujo en noviembre controles fronterizos provisionales, complementados desde enero con controles de identidad en transportes de pasajeros desde Dinamarca; eliminó permisos permanentes a refugiados y limitó la reagrupación familiar.

Las medidas provocaron un descenso sensible en la llegada de solicitantes, pero no han evitado la caída del Gobierno rojiverde en los sondeos, que en los últimos días dan mayoría relativa al centroderecha y colocan al Partido Conservador como primero.

La situación particular de la política sueca no parece prever que se vaya a producir un cambio de gobierno a corto plazo: para derrocar al actual Ejecutivo la oposición necesitaría los votos de Demócratas de Suecia, tercera fuerza parlamentaria y a la que ambos bloques hacen el vacío por su carácter xenófobo.

luz verde de bruselas La Comisión Europea (CE) dijo ayer que Suecia está en su derecho de repatriar a entre 60.000 y 80.000 inmigrantes irregulares y destacó que aplicar la política de retorno es clave para distinguir a estas personas de los demandantes de asilo en el marco de la crisis que vive Europa. “Por supuesto que los países tienen derecho a devolver a las personas que no tengan derecho a recibir asilo”, señaló la portavoz comunitaria de Interior, Natasha Bertaud, al ser preguntada por la medida anunciada por Estocolmo este miércoles.

La portavoz explicó que identificar a las personas que no cumplen los requisitos para recibir protección internacional y repatriarlas es uno de los pilares de la política migratoria, y permite que aquellos que son realmente refugiados tengan una oportunidad. Asimismo sostuvo que no tiene constancia de que se hayan entablado contactos especiales con Suecia a raíz del anuncio de esta medida, que de hecho recae dentro de las obligaciones del país y que está avalada por los tribunales nacionales.

Bertaud reconoció que se ha detectado una subida de las llegadas de inmigrantes económicos entre los demandantes de asilo. “Por eso tenemos que devolver a los que no tienen derecho a asilo, para no da la impresión de que Europa es una puerta abierta”, afirmó, al tiempo que incidió en la necesidad de reforzar el papel de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex) en el proceso de retorno, que ahora se limita a la coordinación. Bruselas aceptó eximir a Suecia durante un año de su compromiso de acoger a parte de los refugiados llegados a Italia y Grecia. Estocolmo había aceptado en concreto acoger en el plazo de dos años a 3.766 personas del total de 160.000 acordados a nivel de la UE.

Tras la decisión sueca, el Gobierno finlandés calcula que expulsará del país a cerca de 20.000 de las 32.476 personas que solicitaron asilo en 2015, ya que no cumplen los requisitos para obtener el estatus de refugiado. Esta cifra, apuntada a la cadena de televisión local MTV3 por la secretaria del Ministerio de Interior finlandés, Päivi Nerg, supone alrededor del 62 % de todas las solicitudes de asilo recibidas el pasado año, cuando llegaron a Finlandia nueve veces más refugiados que en 2014. – Efe