Quien no tenga derecho a asilo político y llegue de forma ilegal a Europa tiene que ser registrado y posteriormente deportado a su país de origen. Es el mensaje de la Comisión Europea para todos aquellos que siendo inmigrantes económicos intentan aprovechar la crisis de refugiados para llegar a la Unión Europea en busca de un futuro mejor. El mensaje es crudo, directo y sin paliativos. Bruselas ya no titubea en su discurso, mientras los países van endureciendo sus políticas de asilo para intentar reducir drásticamente el número de refugiados en su territorio.

Suecia sorprendía ayer con un anuncio rotundo. El Gobierno asegura que no puede hacerse cargo de los 163.000 demandantes de asilo que llegaron en 2015 y se plantea seriamente deportar a la mitad. El ministro de Interior, Anders Ygeman, reconoció en una entrevista con el periódico «Dagens Industri» que ya han sido rechazadas alrededor del 45% de las solicitudes, lo que significa que la mitad de las personas que llegan a su territorio son inmigrantes económicos. «El país tiene que estar listo para devolver a decenas de miles de la totalidad de demandantes de asilo que recibió el año pasado… pueden ser 60.000 o hasta 80.000», añadió. El ministro era consciente de que después del anuncio, aquéllos cuya demanda de asilo ha sido rechazada utilizarán todos los medios a su alcance para evitar ser detenidos. «Tenemos que reforzar los medios de la Policía», reconocía.

Entre tanto, Alemania daba ayer un paso clave en su giro sobre política migratoria. Los tres partidos de la gran coalición que dirige la canciller Angela Merkel acordaron, tras semanas de tensiones, suspender durante dos años el derecho a la reagrupación familiar de determinados refugiados. Ello se aplicará a los solicitantes de asilo que no consigan el estatus de refugiados pero, sin embargo, reciban protección por razones humanitarias. Merkel, acuciada por las críticas a su gestión de la crisis de los refugiados, cerró el acuerdo con los líderes del Partido Socialdemócrata (SPD), Sigmar Gabriel, y de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), Horst Seehofer, uno de sus principales oponentes en este capítulo. Berlín quiere además ampliar la lista de países seguros para incluir a Marruecos, Túnez y Argelia, lo que facilitará la expulsión a sus países de origen de los inmigrantes del Magreb que viven en Alemania.

En este contexto, la portavoz de la Comisión Europea, Natasha Bertaud, recordó que no sólo los países tienen todo el derecho de aplicar la política de retorno cuando se trata de inmigrantes económicos, sino que desde la Comisión «se les anima y se les apoya en su esfuerzo para retornar a los que no sean verdaderos demandantes de asilo».

«Es para fomentar que los refugiados tengan su demanda de asilo a tiempo», agregaba. «La Comisión tiene un programa de acción en políticas de retorno, y aunque no hemos tratado este tema concreto con Suecia, es una de las obligaciones de cada Estado, identificar a aquéllos que no son refugiados y aplicar la política de retorno. Es lo que tienen que hacer todos los Estados miembros. Frontex ayuda en temas de retorno, sobre todo en temas de coordinación, por ejemplo para tratar de ser más eficientes y reducir en la medida de lo posible costes a los Estados miembros», explicaba en rueda de prensa.

Otra propuesta de repatriación llegaba ayer desde Holanda. El país propone expulsar a Turquía a aquellos refugiados que accedan por mar hasta la costa de Grecia y establecer un límite de acogida de entre 150.000 y 250.000 refugiados al año desde Turquía. La propuesta proviene del país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, pero la Comisión ayer prefirió no entrar a valorarla porque el programa europeo ahora mismo está centrado en su acuerdo con Ankara. Los Veintiocho acordaron con el Ejecutivo de Erdogan desembolsar 3.000 millones de euros para pagar los costes de acoger a los refugiados y evitar que crucen a la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de la voluntad política alcanzada entre los socios europeos, todavía no se ha materializado el acuerdo y Turquía aún no ha recibido parte del dinero.

No haber cumplido con este acuerdo es una de las bazas que utiliza Grecia para señalar que no es el único país que no cumple con los requerimientos europeos en la crisis de los refugiados. Son muchos los socios que señalan a Atenas como la única culpable de la situación que vive el resto, pero Grecia ha denunciado que tampoco ha recibido todos los recursos que necesita para gestionar una crisis de estas dimensiones.

Mientras se debaten las propuestas europeas continúa aumentando elnúmero de víctimas en el mar. Al menos 24 personas perdieron la vida ayer en un nuevo naufragio, entre ellos una decena de niños. Las autoridades griegas consiguieron salvar la vida de otras diez. Una vez más era una embarcación que intentaba llegar a Grecia desde territorio turco, a pesar de que la Unión Europea acordó con el Gobierno de Ahmet Davutoglu que impidiera a toda costa la salida de embarcaciones desde sus playas.