Se acabaron los discursos políticamente correctos y las muestras de buena voluntad en Europa. La crisis migratoria ha desbordado a los líderes del Viejo Continente. Los Gobiernos nacionales buscan fórmulas para deshacerse de lo que denominan abiertamente la excesiva «carga» de refugiados.

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Suecia, el país de la UE que más demandas de asilo recibe per cápita, no solo se ha quedado al margen del plan europeo de reubicación de refugiados por un año, ha endurecido su legislación y ha introducido controles en sus fronteras, ahora va a redoblar los esfuerzos para hacer efectivo el retorno a sus países de los que pidiendo refugio se les niega. Su ministro del Interior, Anders Ygeman, anunció el jueves que el Ejecutivo sueco prevé deportaciones masivas para dar salida a entre 60.000 y 80.000 demandantes de asilo que, estiman, no tendrían derecho a ser amparados por el país nórdico.

Así es. Bruselas avaló el jueves la iniciativa: «Los países tienen derecho a devolver a las personas que no tengan derecho a recibir asilo», indicó la portavoz comunitaria, Natasha Bertaud, para quien la medida puede ayudar a romper con «la impresión de que Europa es una puerta abierta». La tarea será «muy dura», anticipó Ygeman, y no por las trabas morales, sino porque muchos intentarán esconderse de la policía para evitar su expulsión. El cuerpo nacional de control de fronteras ha pedido duplicar el número de mil agentes tiene ahora.

El anuncio ha generado un enorme revuelo pero lo cierto es que Suecia aplica los mismos criterios para conceder asilo. El país recibió el pasado año 163.000 solicitudes. De todas ellas, solo se han podido tramitar 58.800. De ellas, 32.340 han sido favorables (55 %) y 26.460 (45 %) se han denegado. Siguiendo ese patrón, de los 163.000 peticionarios, 89.650 serían aceptados y 73.350 serían devueltos a sus países de origen. Hasta ahora, el retorno pocas veces se hacía efectivo y eso es lo que Estocolmo quiere cambiar.

Dinamarca, bajo sospecha
Quien podría haberse extralimitado en el despliegue de medidas para ahuyentar a los demandantes de asilo es el Gobierno danés. La Comisión Europea admitió que está llevando a cabo un «análisis legal» para comprobar si la nueva ley de confiscación de bienes de más de 1.300 euros a refugiados se ajusta a la normativa. Copenhague también dio luz verde al recorte de ayudas sociales, al endurecimiento de las condiciones para obtener el permiso de trabajo y al aplazamiento a tres años del derecho a la reunificación familiar.

Holanda tiene un plan
El caos domina la agenda europea de migración. Ninguno de los planes propuestos por Bruselas están funcionando. «Hay que forzar una solución», aseguró en una entrevista al diario De Volkskrant, el líder de los laboristas holandeses, Diederick Samsom, quien ha diseñado junto al primer ministro, el liberal Mark Rutte, un nuevo programa para mantener bajo control las fronteras externas. Holanda propone enviar por aire y por mar a Turquía a todos los refugiados que pongan un pie en Grecia. A cambio, una decena de países, entre ellos Alemania, Francia, España y Suecia, estarían de acuerdo en acoger de 150.000 a 250.000 desplazados cada año procedentes de campos de refugiados del país vecino.

Hay dos inconvenientes. Bruselas recuerda que «ya existe un plan» y no quiere iniciativas en la sombra. Por otro lado, sería necesario incluir a Turquía en la lista de países seguros de la ONU para así devolver a los asilados al territorio, siempre con el consentimiento de Ankara.