Tiempos convulsos los vividos durante esta legislatura para la sanidad pública. Porque si algún sector ha resultado especialmente afectado durante estos cuatro años ha sido el sanitario. Desde el primer día, el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo clara la necesidad de reducir el gasto sanitario y para ello puso al frente a una mujer del partido, Ana Mato, poco proclive a las explicaciones y menos aún a los medios de comunicación. Con ella llegó el mayor cambio registrado en el Sistema Nacional de Salud, la pérdida de su condición de universal y la vuelta a la condición de asegurados. Desde el PP se ha insistido una y otra vez que la sanidad española es para todos, aunque la realidad es bien distinta. Los inmigrantes simpapeles han quedado fuera del sistema, así como los españoles que emigran, que unos meses después pierden la tarjeta sanitaria.

Un cambio que provocó una fuerte protesta social, alentada por la incomprensible negativa del Ministerio de Sanidad de reconocer la evidencia de la pérdida del carácter universal (alegan que los inmigrantes simpapeles, mujeres embarazadas y niños son atendidos de urgencia, aunque Médicos del Mundo ya se ha encargado de recoger numerosos incumplimientos). Indignación a la que se sumó la revisión de los copagos farmacéuticos, que incluyó a los pensionistas, que pasaron a pagar el 10% del precio (antes, nada) hasta un tope mensual de 8, 18 ó 60 euros, según su renta, y el aumento del pago a los que están en activo hasta el 60% en lugar del 40% anterior. Todo ello en los primeros seis meses de legislatura con una Ana Mato que intentaba endulzurar unas medidas que escondían un recorte de l 7.000 millones de euros.

La indignación social aumentó a medida que Sanidad anunciaba más medidas para alcanzar ese ahorro, como la intención de extender el copago a las ambulancias o a productos ortopédicos. Mientras algunas comunidades hacían lo propio imponiendo el pago de un euro por receta, como Catalunya, y otras, como Madrid, llevaba a cabo un completo proceso de privatización de hospitales y centros de salud que generó una respuesta de la clase sanitaria hasta entonces nunca visto. Aglutinados en las llamadas mareas blancas, médicos, enfermeros, auxiliares y usuarios de la sanidad pública salieron fin de semana tras fin de semana por las calles del centro y así permanecieron durante meses y meses, convirtiéndose en la mayor protesta sanitaria hasta entonces vivida y que obligó a la Comunidad de Madrid a dar marcha atrás a sus proyectos privatizadores. Al menos, de centros de salud y hospitales. No así con otros servicios como los de la lavandería o de donación de sangre.

Tiempos convulsos de los que no se ha librado ninguna comunidad que ha visto cómo perdía el personal sanitario interino mientras se impedía la reposición del personal que se jubilaba. Lo que se ha traducido claramente en un aumento de las listas de espera y el descenso de la labor preventiva que tantos costes ahorra a la larga a un sistema sanitario. Pero los tiempos, parece, que no están para proyectos a futuro.

En Catalunya, los recortes se tradujeron, además de en bajadas salariales en el personal propio (20% ) y un aumento de las listas de espera, en impagos. Los más sonoros, los de los farmacéuticos. Las farmacias llegaron a la huelga en 2012 y estuvieron a punto de dejar de suministrar medicamentos. Acumularon cuatro meses de impagos en los que los fármacos recetados por la sanidad pública iban a su costa. Algunos llegaron a cerrar del todo.

Los problemas de impagos se repitieron hasta el 2014 y en el 2015 el drama ha vuelto. Hospitales concertados, sociosanitarios, residencias y, por supuesto, far­macias, han estado con el alma en vilo cada fin de mes para ver a quién no le tocaba cobrar esa vez. Y llegó octubre y les tocó a todos. Ahora están pendientes del FLA extraordinario.

Ha sido también la legislatura de la hepatitis C, tras aprobarse en Europa el uso de medicamentos que curaban hasta el 90% – 95% de los casos, los pacientes perdieron la calma y se echaron a al calle. Gracias a esa acción desgarradora, porque quienes se manifestaban estaban muy enfermos, lograron el compromiso de Alfonso Alonso. El flamante nuevo ministro que suplió a una Ana Mato devastada tras la crisis del ébola creó una comisión de expertos, aseguró que se daría la medicación a todo el mundo pero no pensó en cómo se pagaría. La factura que deja la hepatitis C es ya de cientos de millones.