¿A quién va a beneficiar el sobresalto? Recién salida de los terribles atentados del día 13 y sometida a un estado de emergencia que va para largo, Francia se interroga sobre quién gana políticamente con la nueva faz belicosa y dura que la seguridad y el miedo imponen.

La pregunta no es gratuita porque el domingo se disputa en el país la primera vuelta de unas elecciones regionales en las que se espera una nueva debacle electoral del Gobierno y un ascenso del ultraderechista Frente Nacional. El partido de Marine Le Pen encuentra terreno abonado tanto en la islamofobia y xenofobia que los atentados suscitan, como en la actual fase acorazada de la vida nacional, con nuevas facultades para los aparatos de seguridad, restricciones de las libertades y más guerra en el exterior. Esos vectores no hacen sino confirmar el dis-curso del miedo y la insistencia
en profundizar, con mano dura, la compleja fractura interna de Francia, en la que se mezclan factores socioeconómicos, generacionales y confesionales, podridos todos ellos a lo largo de treinta años de devaluación republicana y estatal en el marco de las políticas neoliberales y desregularizadoras practicadas por todos los gobiernos de izquierda y derecha. En ese río revuelto pesca –y hace manifiestos progresos– el partido de Le Pen.

El domingo el Frente Nacional podría vencer o quedar segundo en cuatro de las 13 regiones francesas; Nord-Pas-de-Calais-Picardía, Provenza-Costa Azul, Borgoña-Francocondado y quizá Normandía. En la segunda vuelta, que se celebrará el día 13, podría lograr por primera vez una victoria regional en Nord-Pas-de-Calais-Picardía, donde la candidata es la propia Marine Le Pen, y quizá también en Provenza, donde se presenta su sobrina, Marion Maréchal-Le Pen. Esta perspectiva ha suscitado un verdadero zafarrancho de combate contra los ultraderechistas, así como el dilema de apelar a una “unión sagrada” entre el gobernante Partido Socialista y el principal partido de la oposición conservadora, Los Republicanos, liderado por Nicolas Sarkozy, para impedir la victoria ultra en una segunda vuelta.

“Habrá que hacerlo todo para impedirla”, dice el primer ministro, Manuel Valls. “Cada cual, a izquierda o derecha, deberá asumir sus responsabilidades para impedir que el Frente Nacional gane una región”, añade Valls. Dos diarios del Norte han lanzado una campaña sin precedentes contra el FN, mientras Valls y el propio presidente de la gran patronal, Pierre Gataz, califican el espectro de tal victoria de “amenaza para la economía”.

“Podría hacernos retroceder diez años”, dijo ayer Gataz sobre las propuestas de Le Pen de aumentar el salario mínimo 200 euros, regresar a la jubilación a los 60 años y una salida del euro que el partido está diluyendo al referirla a largo plazo y vía un referéndum. Por primera vez Marine Le Pen se ha dirigido en una carta a “los artistas”, lo que ha provocado un manifiesto de respuesta que en menos de 48 horas ha reunido 500 firmas: “Entre nosotros todo está roto desde hace tiempo y sólo los intrigantes, los traidores o los imbéciles podrían llegar a creer que la libertad de creación tiene algún sentido para su partido”, le dicen los artistas a Le Pen.

Esta beligerancia no altera la pregunta esencial: ¿hasta qué punto se va a beneficiar Le Pen del extraordinario pinchazo de seguridad que los atentados del día 13 evidenciaron y que el Gobierno ha logrado cubrir a base de duelo y proclamas belicosas?

Los atentados han mostrado por lo menos tres fallos monumentales. Salah Abdeslam, el único presunto yihadista huido, se fue al día siguiente del atentado a Bélgica en coche, fue controlado en una autopista y dejado en libertad, porque los franceses no sabían que estaba fichado por radicalización en Bélgica. La cooperación con ese país se ha demostrado un desastre. En segundo lugar, figuras tan fichadas como Abdelhamid Abaaoud, circularon por Europa y se fueron y volvieron a Siria sin que nadie se enterase. Ayer se supo que Samy Amimour, uno de los kamikazes de la sala Bataclan, en la que el comando mató a 89 personas, se entrenó como tirador en un club de la policía. A este caos se suma la falta de previsión: en agosto un juez antiterrorista, Marc Trévidic, escuchó el testimonio de un yihadista, Reda Hame, que le explicó que se preparaban atentados con armas automáticas contra salas de rock. A todo esto se suma la noticia de que, el día 18, en la batalla de Saint-Denispara tomar un piso franco del resto del comando, la policía, que dijo haber disparado 5.000 tiros y haber sido recibida con fuego de armas de guerra, sólo parece haber encontrado una pistola. Todo esto, evidentemente, lo está explotando a fondo el Frente Nacional.

Las contradicciones del Gobierno quedaron ayer de nuevo en evidencia con el llamamiento de Valls al turismo internacional: “Vengan a París, las condiciones de seguridad están aseguradas”, dijo. Para que el consumo no decaiga se mantienen abiertos mercados de navidad y eventos deportivos. Sin embargo, se han prohibido tajantemente las manifestaciones civiles que iban a jalonar la cumbre del clima, lo que suscita preguntas sobre cierto oportunismo político.

“Los que ven en esto una estrategia política se engañan: habría sido irresponsable permitir que las familias salieran a la calle”, responde Nicolas Hulot, delegado del presidente François Hollande para asuntos de esta cumbre. La responsabilidad del Gobierno y su escrúpulo son claros, pero las preguntas sobre una prevención que ha justificado 341 registros y más de 300 detenciones de activistas pacíficos (sólo 9 han visto su arresto prolongado) son legítimas.

El discurso del Gobierno se ha endurecido después de los atentados. Eso es particularmente visible en el caso de Manuel Valls. Tras los atentados de enero el primer ministro describió, de una forma manifiestamente exagerada, como “apartheid” la situación en los barrios de emigrantes de Francia. El viernes, en un acto con ciudadanos de Evry, localidad de la que fue alcalde, Valls respondió a quienes mencionaron los problemas de esos franceses que no se consideran como tales, diciendo que “no hay una respuesta securitaria y una respuesta social, esa es una visión peligrosa del problema”. El primer ministro rechazó lo que definió como “una cultura de la excusa”, una posición sin matices que se aproxima a la de Marine Le Pen.