El Consell ha presentado un recurso contra la suspensión de la ley valenciana que devolvió la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. La norma quedó en suspenso después de que el Gobierno acudiera al Tribunal Constitucional al considerar que invadía sus competencias. La Generalitat recurre ahora al mismo organismo para que levante el veto temporal alegando que la suspensión aumenta el riesgo de infección de enfermedades al quedar excluida del sistema parte de la población.

El Gobierno valenciano considera que la extensión de la sanidad a todos los habitantes es una “imperiosa necesidad”. Y mantiene que la eficacia del sistema sanitario autonómico “se ha visto comprometida por la presencia de un importante colectivo no incluido de forma sistemática y reglada en los procedimientos generales habituales para estos fines”.

El recurso presentado por la Generalitat menciona los casos del País Vasco y Navarra, donde el Constitucional aceptó que se mantuviera la atención sanitaria a los sin papeles, a quienes les fue retirada la mayor parte de la asistencia en 2012 por parte del Gobierno dentro del paquete de recortes que aprobó para hacer frente a la crisis económica.

La Generalitat argumenta que el mantenimiento de la paralización de la ley puede provocar “perjuicios de imposible o difícil reparación”, señala que puede generar un aumento de los ingresos hospitalarios y un aumento de la propagación de enfermedades infectocontagiosas.

El Gobierno recurrió a principios de noviembre la ley al considerar que vulnera “la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la sanidad e incurre en extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado”.

La interposición del recurso y su admisión a trámite implicó automáticamente la suspensión de la ley, porque así lo recoge expresamente la Constitución cuando quien presenta la demanda es el Ejecutivo. El alto tribunal tiene hasta cinco meses para decidir si mantiene o levanta el veto, sin entrar todavía en el fondo del asunto.

Aunque la norma ha quedado suspendida, la Generalitat garantizó que nadie quedaría sin atención sanitaria “en defensa de la solidaridad, la igualdad, y los derechos humanos”. La Generalitat ha utilizado normas con rango inferior a la de la ley para mantener la sanidad universal, un sistema utilizado por otros territorios que evita el control del Constitución.

El Consell recuerda en su recurso, con el que busca acortar el plazo para que el alto tribunal debe pronunciarse sobre la suspensión, que la aplicación del decreto del Gobierno de 2012 dejó fuera del sistema a cerca de 127.000 personas en la Comunidad Valenciana. Y que ello implicó un peligro de salud pública para el conjunto de la población.

Desde que se devolvió la atención universal en una ley, señala el recurso del Consell, que no tuvo oposición en las Cortes Valencianas, 5.400 inmigrantes han solicitado la tarjeta sanitaria, y a casi la mitad de ellos ya se les ha respondido favorablemente. La edad más frecuente entre los solicitantes es de 25 a 40 años. Y las nacionalidades que más lo han demandado han sido Marruecos, Honduras, Ucrania, Rumanía, Bolivia y Colombia.

El Ejecutivo de Ximo Puig ha visto detrás de la suspensión de la norma instada por el Gobierno una intencionalidad política, al no haber actuado contra otros territorios, alguno de ellos gobernado por el PP como Madrid, que han dado pasos en la misma dirección. “Me parece impresentable que el Gobierno de España haya recurrido aquí lo que no ha recurrido en otras comunidades”, dijo Puig. “Forma parte de esa persecución insólita y no es la mejor forma de recuperar el diálogo”, añadió.