Los 43 miembros de un entramado que supuestamente se dedicaba a defraudar a la Seguridad Social mediante contratos falsos está cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. El fiscal responsable del caso ya ha formulado su escrito de acusación por el que pide dos años y medio de cárcel para el cabecilla de la trama y nueve meses para cada uno de los otros 42 imputados – penas que en total suman los 33 años y once meses de prisión – por su presunta relación con la red fraudulenta que podría haber saqueado de las arcas públicas cerca 196.925 euros.

Según sostiene el Ministerio Público, el principal encausado cometió un delito continuado de falsedad en documento público del artículo 392 del Código Penal en relación con los artículos 390 y 74. Mientras, los falsos trabajadores pudieron incurrir en el mismo delito aunque un tipo menos agravado que recoge el Código Penal.

La investigación policial se llevó a cabo durante el año 2013, ejercicio en el que los agentes especialistas en delitos de índole económica descubrieron que, al menos, desde 2011, el cabecilla, Antonio T.L., «simuló contratos de trabajo» que «en ningún caso amparaban una relación efectiva con supuestos empleados», como relata el representante del fiscal en su escrito, al que ha tenido acceso este diario.

Es decir, que el responsable de la firma investigada, que responde al mismo nombre que el procesado, supuestamente formalizó contratos en apariencia lícitos a fin de obtener acceso a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros. De este modo, el sujeto podía obtener períodos falsos de carencia de los trabajadores entre los años 2010 y 2011 para conseguir «de forma ilícita» prestaciones y subsidios de desempleo.

El jefe de la red localizó a los supuestos empleados, a quienes pedía cantidades de dinero, para que, una vez colocados en la empresa, pidiesen las subvenciones estatales. Sin embargo, las fechorías del presunto defraudador quedaron pronto al descubierto. Fruto de las pesquisas policiales, los investigadores dieron con el hecho de que la Mercantil, con domicilio en Villena, se encontraba en situación de «anulación por empresa ficticia» desde el 5 de noviembre de 2010.

Los técnicos de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social detectaron que los ingresos resultaron nulos en la empresa del acusado desde su misma fundación. Por tanto, carecía de actividad alguna. De ahí que la firma acumulase deudas por valor de casi 186.000 euros y de 7.215 euros con la Tesorería General de la Seguridad Social, tal y como recoge el escrito de la Fiscalía alicantina.

El Juzgado de Instrucción 5 de la capital alicantina cerró hace escasas semanas la investigación judicial y mandó procesar a las 43 personas a las que ahora acusa el Ministerio Público. El elevado número de altas alertó a la Policía Nacional en 2013, cuyos agentes decidieron rastrear la firma bajo sospecha. Pronto dieron con irregularidades y una mecánica propias de los entramados de falsas contrataciones para estafar a la Seguridad Social.

Por su parte, los presuntos trabajadores ficticios son principalmente ciudadanos españoles, aunque también hay marroquíes, ecuatorianos y bolivianos, que obtuvieron prestaciones por desempleo de entre alrededor de mil euros hasta más de 15.000.

Además, gracias a su contratación en la firma investigada de Antonio T.L., muchos de los procesados lograron permisos de estancia en el país, así como de residencia por reagrupación familiar de los hijos. No obstante, algunas de estas autorizaciones finalmente se rechazaban por las autoridades responsables de concederlas.