La inmigración será algo así como el clavo ardiendo en la mesa de negociaciones entre Londres y Bruselas. En su carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el premier David Cameron ha anticipado que frenará el acceso a las prestaciones sociales durante cuatro años a los inmigrantes de la UE, una pretensión considerada «problemática» o «dudosamente legal» por los mandatarios europeos.

Cameron ha dejado claro ante Tusk su intención de «reducir el muy alto nivel de inmigración de la UE hacia el Reino Unido» y ha insinuado que será la demanda clave para hacer campaña a favor de la permanencia en el referéndum, que posiblemente será en junio de 2016.

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, fue el primero en reconocer ante la BBC sus «serias dudas sobre la legalidad» de la medida, contestada por Polonia y otros países del Este de Europa que la consideran «discriminatoria» y contraria a los principios de la UE.

«En la carta hay elementos que son problemáticos, como los que hacen referencia a las libertades básicas de los mercados internos», declaró por su parte Margaritis Schinas, portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. «La discriminación directa entre ciudadanos de la UE queda claramente en esta categoría», precisó.

Como si previera la reacción de Bruselas, Cameron indicaba su disposición a negociar: «Entiendo lo difíciles que son estos asuntos y espero poder debatir estas propuestas con más detalle para que podamos encontrar una solución». Invitación que asumió la canciller alemana Angela Merkel, tras anunciar su disposición para negociar con Cameron.

Recogiendo el testigo, el ministro británico para Europa, David Lidington, entraba poco después al trapo: «En la cuestión de la libertad de movimientos, el primer ministro ha dejado muy clara su posición: nuestro objetivo es un mejor control de la inmigración desde dentro de la UE».

Lidington precisó que el tema está abierto y que Londres aceptará las «contribuciones» de otros países, que ha relegado las otras demandas de Londres: devolución de poderes a los parlamentos nacionales, inyección de «competitividad» y desregulación en la UE, y no marginación de los países fuera del euro en la toma de decisiones sobre el mercado único.

«Reformar la UE no es una misión imposible», recalcó Cameron al presentar sus demandas a Bruselas, entre las que se incluye la exención del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y la promulgación de su propia Carta Británica de derechos.

«La diversidad de Europa es su gran fuerza», insistió Cameron en su discurso en Chatham House de Londres. «En el Reino Unido celebramos ese hecho, pero tenemos que reconocer que la respuesta a todos los problemas no es siempre ‘más Europa’. A veces es mejor ‘menos Europa’».

El anuncio de Cameron provocó una lluvia de críticas entre los diputados del ala dura del Partido Consevador, que le acusaron de plegarse de entrada al dictado de Bruselas por su disponibilidad a negociar las restricciones a los inmigrantes europeos en el Reino Unido.

«Esto es mucho menos de lo que la gente esperaba de nuestro Gobierno», declaró Jacob Rees-Mogg, al frente de la nueva e incipiente revuelta de los euroescépticos.

El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, reconoció que algunas propuestas son «factibles», pero se refirió a las «dificultades» que presenta la renegociación del estatus del Reino Unido en la UE y las cláusulas opt in y opt out.

«La Comisión considera la carta el principio de la negociación», recalcó Schinas. «Estamos listos para trabajar justamente con el Reino Unido y para conseguir algo que sea justo también para el resto del países».

Se abre así un proceso cargado de simbolismo que podría durar entre seis meses o dos años. Cameron no ha despejado aún la incógnita de la fecha, pero Bruselas quiere evitar que el referéndum interfiera con los procesos electorales de 2017, especialmente en Francia y Alemania. El premier británico pretende impulsar las negociaciones a partir de la semana que viene y buscar apoyos entre los otros 27 socios de la UE en la cumbre de diciembre.