La Audiencia Nacional ha ordenado imputar de nuevo a ocho policías –siete nacionales y uno local– por sus tratos con la trama china desarticulada en la operación Emperador. Entre ellos se encuentra el ex jefe del Grupo V de la Brigada de Extranjería y Documentación Miguel Ángel Gómez Gordo, detenido en 2012 y al que hace sólo unas semanas el Ministerio del Interior ascendió a inspector jefe.

Así lo ha acordado la Sala de lo Penal en una resolución que estima el recurso de Anticorrupción y que supone igualmente un aval para el anterior equipo de Asuntos Internos, cuyo trabajo había sido cuestionado por el juez instructor y por algunos sectores policiales.

El pasado mes de agosto, el juez Fernando Andreu archivó esta parte de la investigación alegando que los «endebles» indicios reunidos por Asuntos Internos no se habían visto confirmados. Además, dictó un archivo definitivo (sobreseimiento libre), una decisión radical que cerraba las posibilidades de actuar contra ellos si aparecían pruebas incriminatorias. Esto último es especialmente criticado por la Sala, que elogia el «contundente» recurso de Anticorrupción y resalta que se han encontrado «indicios cuya naturaleza es totalmente incompatible con lo que significa el dictado de un auto de sobreseimiento libre». Andreu recibe así de la Sala un escrito tan duro como el que él mismo lanzó contra los investigadores.

Según indica el auto, el ciudadano chino Yongping Wu Liu, con el que se relacionaban todos estos agentes, «parece que movía la voluntad de los apelados». Los agentes recibían obsequios como jamones, cajas de vino y entradas para el fútbol y los toros. A cambio, se prestaban a favores como consultar la base de datos de la Policía o accedían a hacer gestiones beneficiosas para sus negocios en el Polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada.

«Es obvio que no está al alcance, como dice el Ministerio Fiscal, de cualquier ciudadano ni español ni extranjero esta vinculación favorecedora de los intereses de un particular. Basta mirar el extenso recurso recogiendo las variadas, por no decir múltiples llamadas telefónicas, que el Ministerio Fiscal expone en su recurso de apelación, donde se deduce como Yongping tenía a su disposición prácticamente a estos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado moviendo su voluntad lo cual no es razonable, pues no tiene justificación legal posible», señala el auto de la Sección Tercera.

El tribunal reproduce multitud de contactos telefónicos entre los agentes y Yongping –conocido como Miguel el Calvo–, cuyo teléfono estaba pinchado. En una de esas conversaciones se deduce que el Gómez Gordo llega a reclamar 4.000 euros al ciudadano chino. Según los investigadores, este policía obtuvo de la mafia china investigada dádivas por valor de 6.000 euros.

En otra conversación, Yongping pide a uno de los agentes que compruebe si unos locales de la competencia tienen licencia de obras. El policía hace la gestión y días después llama al ciudadano chino para pedirle unas entradas para el Vicente Calderón.

El tribunal también recuerda los negocios que otro policía, Federico Sánchez Frutos, mantenía con Yongping. La Fiscalía detectó «indicios de un enriquecimiento que no está justificado y no se corresponde con su capacidad económica como funcionario público».

El auto avala también esa tesis y ordena al juez instructor que siga investigando a los agentes por posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos. Fuentes de la investigación indican que la pieza separada en la que se investiga a estos agentes ya se puede dar por concluida. El próximo paso previsible sería que el juez instructor, siguiendo el criterio marcado por la Sala de lo Penal, dicte el auto equivalente al procesamiento con el que en la práctica se envía a los agentes a juicio.

A los ocho afectados por la resolución de ayer se deberá sumar un Guardia Civil imputado por el mismo tipo de actividades y que por error aún no se ha incorporado a esta pieza separada. De esta forma, el primer juicio por la operación Emperador sería el que afecta a miembros de las Fuerzas de Seguridad presuntamente corruptos.

TRES AÑOS DE INVESTIGACIÓN
Primeras detenciones. En octubre de 2012 la Policía puso en marcha la ‘operación Emperador’ contra la red encabezada por Gao Ping y situada en el Polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada.

Enfrentamiento. La Sala de lo Penal ordenó liberar a los principales imputados porque el juez rebasó el tiempo máximo de detención en calabozos.

En la recta final. La investigación de los policías está terminada; la principal, pendiente de algunos informes finales.