La crisis de los refugiados ante las fronteras europeas sigue mostrando la peor cara del actual proyecto de Unión Europea. Mientras decenas de miles de personas se juegan la vida por huir de la guerra y la persecución y la miseria, las diferencias entre los estados de la UE se hacen evidentes al amparo de la presión de los discursos más ultraderechistas. Y también entre el poder político de la UE y las demandas de solidaridad de la mayoría de sus ciudadanos. De nuevo, los gobernantes europeos optan por la desunión y el control y cierre de fronteras y la persecución de los refugiados cediendo a las posiciones más extremistas de la derecha xenófoba europea. Y ello pese a que no cabe obviar que la propuesta de acogida y el reparto de cuotas de refugiados planteada por la Comisión Europea tiene carácter obligatorio. No es, en este sentido, una cuestión sólo de solidaridad ética, sino también de cumplimiento de las leyes europeas y de los tratados internacionales firmados por Europa. Ha sido la presión ciudadana, las muestras personales y colectivas de solidaridad – ayer se reunían en Pamplona una quincena de ONG para debatir el modelo de acogida – , la que ha forzado los escasos y mínimos pasos que han dado en los últimos días las instituciones europeas, muy lejos de la actitud de otras instituciones regionales so locales, mucho más activas en la toma de posición y decisiones de ayuda a las personas que buscan refugio. Prueba evidente es que mientras desde otros niveles institucionales se trata de encauzar la recepción de los refugiados, el Gobierno Rajoy sigue sin facilitar plan ni proyecto propio alguno, ni supuestos de reparto por comunidades – tras las propuestas para asumir acogimientos que inició el Gobierno de Navarra con Acnur – , pese a que las cifras de recepción de refugiados asignadas al Estado se conocían desde hace días. Es, por tanto, nítido el contraste entre la disposición de las instituciones autonómicas y municipales – el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona – Iruña lideraron la respuesta institucional a las demandas ciudadanas – , con la de un Gobierno del PP que se ha limitado a respaldar a regañadientes en el Congreso una enmienda de los grupos de la oposición para destinar una partida de 200 millones a la atención de un problema que, además y a su pesar, se mantendrá y extenderá mientras no se solucionen las causas que lo originan y de las que los gobiernos europeos tienen una parte importante de responsabilidad política y económica.