El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella que la Asociación Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional presentó contra el líder de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón. El sindicato lo denunció por un delito de injurias y calumnias por sus declaraciones en un foro universitario de Salamanca, el pasado 20 de abril. El diputado afirmó entonces que, mientras “el Gobierno mandaba a la Guardia Civil a asesinar inmigrantes en la valla de Melilla, aprobaba una ley que permitía a los extranjeros que compraran una vivienda por más de 500.000 euros obtener un permiso de residencia”.

El auto, del 24 de julio pasado y del que ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro, señala que cuando Garzón pronunció la frase se encontraba en un mitin electoral y, por tanto, sus palabras tenían como objetivo enfatizar las diferencias entre los inmigrantes sin medios económicos y los extranjeros que realizaban inversiones en España. El Supremo destaca, asimismo, que, aunque los términos de Garzón fueron “innecesariamente duros”, sus “excesos” han de ser entendidos como una forma de resaltar el contraste de criterios políticos en el ámbito de la inmigración.

El tribunal considera que la queja del sindicato es comprensible, pero “no cabe subsumir en la norma penal el exceso verbal con fines políticos realizado en medio de un discurso de una campaña electoral”. El auto añade que eso “llevaría a la penalización de los numerosos excesos retóricos de los mítines electorales, con todas las consecuencias que ello determinaría en un ámbito en que debe primar la libertad de expresión e información”.

Con estos argumentos el Supremo archiva la querella, después de asumir su competencia sobre el asunto, “al no ser los hechos indiciariamente subsumilbles en un proceso penal”.