DONOSTIA – La nueva propuesta del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de devolver la atención sanitaria a los 910.342 inmigrantes irregulares – que el gobierno del que forma parte quitó el pasado 1 de septiembre de 2012- a través de la creación de un registro, se encontrará con la oposición frontal del Gobierno Vasco. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu aprobó en julio de 2013 un decreto que venía a desarrollar uno anterior aprobado en el verano de 2012 por el Gobierno presidido entonces por Patxi López por el que brindaba la atención a este colectivo y que contempla la entrega de una tarjeta sanitaria a unas 40.000 personas afectadas en Euskadi por esta medida de Rajoy. Esta tarjeta es idéntica a la del resto de ciudadanos, salvo que en ella se especifica que sólo es válida en la Comunidad Autónoma Vasca.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, en declaraciones a NOTICIAS DE GIPUZKOA mostró ayer el rechazo frontal de su Departamento a la nueva propuesta de Alfonso Alonso y aseguró que el Gobierno Vasco va a mantener la asistencia sanitaria a este colectivo “porque la asistencia es un derecho básico y universal que está recogido en la propia fundación de Osakidetza en 1987”. En este sentido, el consejero de Salud recuerda que “cuando Rajoy a poco de llegar al poder sacó el decreto de Ley 16/2012 que implantaba los copagos y excluía la atención a los inmigrantes irregulares, el anterior Gobierno Vasco recurrió la medida ante el Tribunal Constitucional, y este gobierno la mantuvo. El TC nos dio la razón y aprobamos la normativa que permite el reparto de las tarjetas sanitarias a todas las personas que garantizan su atención en toda la CAV y que, por cierto, el gobierno del PP lo recurrió pero sin éxito”.

Por ello, el Gobierno Vasco no ve adecuada la fórmula del registro porque es “un elemento disgregador. En las bases de datos de Osakidetza ya tenemos todos los datos de cada persona y su situación actual por lo que no es necesario hacer un registro por inmigrantes, pobres u otras cosas”.

No obstante, el consejero aseguró estar satisfecho con que el ministro “quiera ahora arreglar el problema que ellos crearon en 2012, aunque hicieron un problema donde no lo había porque este colectivo está formado normalmente por personas jóvenes, sanas, y su gasto sanitario es mínimo. Lo que pasa es que ahora por cuestiones electorales se quieren apuntar el tanto. Es un parche y una medida electoralista. Lo que tiene que hacer el ministerio es derogar el decreto de 2012”. Darpón recuerda que ese Real Decreto se aprobó alegando una situación económica determinada cuando “ha quedado claro que no es verdad, ya que el gasto sanitario no está en la atención que se presta a los inmigrantes”. “La gente no emigra por sus condiciones de salud, sino por el trabajo y las condiciones políticas en sus países de origen”, sentencia el consejero.

Asimismo, esta propuesta de crear un registro tampoco cubriría el aspecto farmacéutico. Al retirarles en 2012 la asistencia sanitaria, los inmigrantes irregulares se encontraron también con que no podían acceder a los medicamentos financiados por la Seguridad Social. En este sentido, el Gobierno Vasco incluyó a este colectivo como beneficiario de las ayudas dentro del decreto aprobado para minimizar los efectos del copago farmacéutico impuesto también por el Gobierno de Rajoy. Aunque, como reconoce el propio Jon Darpón, “el gasto en farmacia que realizan es bajo y estaríamos a favor de que también pudieran acceder a la financiación de los medicamentos por parte de la Seguridad Social”.

UN AÑO EMPADRONADO EN LA CAV La emisión de esta tarjeta en la CAV viene establecida en una orden del consejero de Salud, Jon Darpón, de julio de 2013 en la que se regula la asistencia sanitaria a las personas que no están aseguradas o no son beneficiarias del Sistema de Salud del Estado, como los inmigrantes sin permiso legal de residencia. La tarjeta que se comenzó a distribuir en noviembre de ese año, es válida solo para Osakidetza, ya que el Gobierno de Rajoy priva de la condición de asegurado o beneficiario del derecho a la asistencia sanitaria a los extranjeros sin permiso legal de residencia, lo que impide su uso en otras comunidades.

El Gobierno Vasco defendió la atención a este colectivo algo que el Tribunal Constitucional avaló a finales de 2012. El TC atendió a los argumentos del Gobierno Vasco, cuyos letrados argumentaban que la no atención de este colectivo repercutiría en su salud individual y también en la “prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad”.

El Alto Tribunal, afirmaba que el “derecho a la salud y el derecho a la integridad física” de los inmigrantes sin papeles y la “conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad” tienen una “importancia singular en el marco constitucional” que no puede verse “desvirtuada” por la “mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

La tarjeta les garantiza la asignación de un médico de cabecera de Atención Primaria y una asistencia en iguales condiciones de calidad y con la misma extensión que la reconocida a las personas aseguradas o beneficiarias. En el caso de las mujeres embarazadas que lleven menos de un año viviendo en Euskadi, tienen el mismo derecho durante el embarazo, parto y postparto, así como los menores.

EL CALENDARIO

1 de septiembre de 2012. El Ministerio de Sanidad dirigido entonces por Ana Mato elimina 910.343 tarjetas sanitarias de inmigrantes en situación irregular. En Euskadi, la cifra de afectados rondaría los 40.000, según los datos ofrecidos en esa fecha: 22.000 inmigrantes empadronados sin permiso de residencia, 13.500 jóvenes mayores de 26 años que no han accedido a su primer empleo, 800 divorciadas en demanda de su primer empleo y 3.500 discapacitados.

Julio 2013. El Gobierno Vasco publica un decreto que devuelve la tarjeta sanitaria. A esa tarjeta acceden todos aquellas personas empadronadas al menos un año en la CAV.