Por el puente internacional Simón Bolívar no paran de transitar hoy centenares de colombianos deportados de Venezuela, a la espera de que la «firmeza» prometida por el presidente Juan Manuel Santos ponga fin a esta crisis humanitaria.

Desde que el pasado viernes el mandatario venezolano decretó el estado de excepción en el estado fronterizo de Táchira, al menos 861 colombianos, de los cuales 170 son menores, han sido deportados con lo puesto y enviados a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, según datos oficiales divulgados hoy.

Las alambradas dispuestas por el presidente Maduro en el tórrido puente internacional Simón Bolívar, que une Cúcuta con las ciudades venezolanas de Ureña y San Antonio, han dividido en dos a un mismo núcleo urbano que compartía familias y negocios. «Sólo nos dijeron que (nos deportaban) por ser colombianos. Nos decían ¿venezolanos o colombianos?, pues camine», relató a Efe Rocío Angarita sobre su expulsión del país en el que ha vivido los últimos trece años.

La mayoría de los deportados son personas que llevaban viviendo en Venezuela muchos años y han tenido que soportar la tragedia de ser expulsados de sus casas a empellones, en mitad de la noche, por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). «Solo nos dejaron ponerle los zapatos a los niños», agregó Angarita.

Algunos de los deportados explicaron que, según se marchaban, sus casas fueron derribadas con todos sus bienes en el interior, hogares que habían sido marcadas por los soldados venezolanos con la letra «D» de demolición y destrucción.

En el puente internacional Simón Bolívar, de alrededor de un kilómetro de longitud, se agolpan por la parte de Cúcuta, unas 200 personas en una calma tensa. En medio del viaducto, miembros del Grupo de Operaciones Especiales de Colombia (GOES) y de la GNB venezolana, equipados con material antidisturbios, conversan separados por la verja enrejada que corta su paso.

No obstante, la actividad comercial en los alrededores es la habitual con puestos de cambio de moneda formales e informales y servicios clandestinos de moto-taxi que ofrecen viajes de ida y vuelta a Venezuela por valor de 40.000 pesos (unos 12 dólares/ UNOS 10 euros).

Una solución que podría valer para el centenar de venezolanos que esperan poder regresar a sus casas ya que su visita a Colombia coincidió con el cierre de las fronteras. A nivel institucional, la respuesta por parte de Colombia ha ganado en contundencia desde que la canciller, María Ángel Holguín, calificó como una «decisión soberana» el cierre de los pasos entre ambos países.

El presidente Santos, que en este tema ha mantenido una postura estrictamente diplomática, elevó hoy el tono de sus declaraciones al asegurar que su Gobierno defenderá con «firmeza» a sus ciudadanos. «No nos falta, ni nos faltará firmeza para defender a todos nuestros connacionales, donde quiera que su seguridad se vea amenazada o sus derechos fundamentales violentados», señaló Santos en un comunicado difundido por la Casa de Nariño, sede del Gobierno.

El jefe de Estado envió a Cúcuta una comitiva encabezada por la canciller Holguín y su colega de Interior, Juan Fernando Cristo, para coordinar los trabajos de un Puesto de Mando Unificado y hacer frente a la crisis humanitaria. Esta delegación ministerial fue abucheada y chiflada por los habitantes de la ciudad fronteriza colombiana cuando se dirigió al puente internacional Simón Bolívar.

Un recibimiento diferente tuvo el expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien visitó esta noche la zona fronteriza y, megáfono en mano, comparó la situación que viven los colombianos deportados con la vivida por los judíos a manos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. «Así como Hitler infundió odio contra los judíos (…) y todo terminó con el asesinato de seis millones de judíos, la dictadura castro-chavista de Venezuela está dedicada a infundir odio contra el pueblo colombiano llamando a nuestras mujeres prostitutas y a nuestros compatriotas paramilitares», dijo Uribe.

Del total de los deportados, 678 colombianos han sido realojados en albergues habilitados en Villa del Rosario, un municipio cercano a Cúcuta, mientras que el resto se ha dirigido a donde familiares en Colombia.

Por otro lado, la Cruz Roja Colombiana estableció un corredor humanitario entre ambos países para trasladar a los pacientes que requieran atención médica a centros hospitalarios de Cúcuta. Sin embargo, el río de personas que normalmente transita de un lado a otro no desaparece en las trochas, esos senderos forestales clandestinos que comunican los dos países, pero que hoy son más peligrosos de lo normal ante las posibles represalias de las fuerzas especiales venezolanas.