El líder de SOS Racismo Araba, Fede García, y Kaddour Sbai, del colectivo Atawasol vasco-magrebí, se reunieron ayer en Vitoria con el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro. Sobre la mesa un único asunto. Ambos le mostraron su “rechazo” y “preocupación” por la vigilancia de la Ertzaintza a varias mezquitas del País Vasco, operativo enmarcado en la lucha contra la amenaza yihadista.

“Lógicamente no se puede vincular la práctica religiosa y los centros de cultos, que son libres y están amparados por la Constitución”, manifestó García, un conocido activista social que en los últimos meses mantuvo una dura pugna verbal e incluso judicial con los entonces alcalde de Vitoria, Javier Maroto, y diputado general de Álava, Javier De Andrés, a causa del fraude en las ayudas sociales.

“No se puede crear un ambiente islamófobo de forma gratuita. Sólo se debería actuar si la Ertzaintza tiene constancia de la comisión de un delito. Tiene que haber acusaciones concretas para actuar”, enfatizó. Según informes del Ministerio de Interior y del departamento vasco de Seguridad, dos templos religiosos musulmanes en el País Vasco están en el punto de mira. Attawhid, en el barrio de Bagatza en Barakaldo, y Sunna, en Vitoria.

Kaddour Sbai, de Atawasol, negó cualquier vinculación con el yihadismo o el islamismo extremo. “El Código Penal considera perseguible a quienes impidan el derecho a la libertad religiosa”, recalcó. En este sentido, García subrayó que meditan pedir otra reunión con el director de la Ertzaintza, Gervario Gabirondo, o con la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia.

Calparsoro, por su parte, aseguró que estarán “atentos” para que no se lesione el derecho de los musulmanes a la libertad religiosa y de culto. Pero en este punto también añadió que debe «compatibilizarse» con la labor policial.