Una familia salvadoreña que fue a inscribir a su bebé en el Registro Civil de Santa Coloma de Gramanet y a solicitar su nacionalidad española se le programó la cita para 2021. El caso lo denunció ayer el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que considera que se “vulnera el derecho a la buena administración”. Los hechos ya han sido puestos en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de Defensor del Pueblo.

El caso se remonta a abril de este año, cuando la pareja, vecina de Badalona, acudió al registro para inscribir a su hija, de dos meses de edad. La ley establece que un nacido en España debe esperar un año para poder iniciar los trámites de su nacionalidad, si al menos uno de los progenitores hubiera nacido también en España. Si los padres fueran apátridas o si se acredita que ninguna de sus legislaciones atribuye al hijo una nacionalidad, el Estado está obligada a concedérsela.

Seis años de espera para el trámite “supone dejar a un menor sin documentación con efectos sobre el ejercicio efectivo de otros derechos”, según el Síndic. Es por ello que pide al Ministerio de Justicia incrementar los medios para “evitar dilaciones extremas”.

Ribó recuerda que la niña está en condición de “apatrida”, pero no le consta que los padres hayan realizado las gestiones ante su consulado para otorgarle la nacionalidad salvadoreña a la menor, un derecho que no se da de manera automática para los hijos de padres de ese país centroamericano nacidos en el extranjero.

El defensor del pueblo catalán ya ha alertado en sus informes de la necesidad de verificar si la inscripción del nacimiento en el registro consular es calificada por la legislación extranjera como requisito para adquirir la nacionalidad de los padres. Si esto no es así, dice Ribó, “es necesario otorgar la nacionalidad española para evitar que quede en situación de apátrida originaria”.