Todos los pisos tenían las mismas reglas. Las chicas tenían que estar disponibles las 24 horas del día, entregar a la casera la mitad de lo que ganaban con los servicios, y se les proporcionaba un catre en una habitación compartida para descansar las dos horas a las que tenían derecho en cada jornada. Si cumplían, podrían quedarse en el piso el tiempo que quisieran. Las mujeres de varias nacionalidades que trabajaban para esa mujer no estaban obligadas a hacerlo, precisa la Fiscalía, pero la ahora acusada «se aprovechaba de las penurias y necesidades de las chicas para someterlas a unas lamentables condiciones laborales y de vida». La brigada de extranjería de la Policía Nacional, que fue quien llevó a cabo la operación que terminó con el cierre de esos pisos, sostiene que la procesada manejaba al menos cuatro viviendas de ese tipo. Estaban ubicadas en las calles Rodrigo A. de Santiago, ronda de Outeiro, alcalde Manuel Platas Varela y en un chalé unifamiliar en la rúa Miradoiro de Perillo, en Oleiros. Cada uno de esos inmuebles fue alquilado por la procesada, que casi todos los días, acompañada por su hija, los visitaba para comprobar que todo estuviese en orden. Pero como no podía estar pendiente las 24 horas de todo lo que sucedía en los pisos, de las ganancias o del comportamiento de las chicas, para eso tenía a varios hombres a sueldo. Uno en cada vivienda. Se dedicaban a llevar el control absoluto, a cobrar y a que las mujeres estuviesen dispuestas a cualquier hora del día.

Fiscalía

Tanto la procesada, como su hija y los cuatro hombres que tenía a sueldo iban a ser juzgados ayer. La fiscalía pide para cada uno de ellos penas de 4 años de prisión como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y explotación laboral de ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia. El problema es que dos de los acusados no se presentaron a la vista y el juicio tuvo que suspenderse hasta después del verano. En el banquillo estarán 6 personas y declararán unas 10 víctimas.

«Me obligaban a trabajar estando embarazada de cinco meses»

La mayoría de las víctimas de esta red rechazó cualquier indemnización que podría beneficiarlas. Pero tres sí que lo solicitaron y el fiscal, aparte de las penas de prisión para los condenados, solicita también que les den a cada una de esas chicas 4.000 euros por daños morales. Las víctimas relataron ante la brigada de Extranjería una vida de calamidades. Sobre todo una joven cubana que se encontró en España sin trabajo y embarazada de 5 meses. No tenía a nadie y se metió a vivir en uno de esos pisos. Recordó como uno de los encargados le llegó a levantar la mano y que la obligaban a trabajar en ese avanzado estado de gestación.