VITORIA – En su toma de posesión como consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña afirmó que uno de los retos que se había marcado era mejorar la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y con ese objetivo ha puesto en marcha una comisión de trabajo que está analizando los problemas detectados y evaluando posibles cambios en la herramienta más importante de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Una de las líneas de trabajo del grupo de técnicos del propio Departamento consiste en mejorar el intercambio de información de los perceptores de ayudas entre distintas instituciones y la persecución de las fórmulas que facilitan el fraude. Otra medida en estudio pasa por descargar a Lanbide de la tramitación de las ayudas destinadas a personas no empleables y devolver esta labor a los servicios sociales de las diputaciones y los ayuntamientos vascos.

El análisis de las disfunciones y de las vías de mejora de las ayudas sociales que gestiona Lanbide se ha venido realizando en las últimas semanas al margen de la recientemente concluida campaña electoral y de la polémica partidista abierta tras las declaraciones del alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, y avivada por cada información sobre casos de fraude en el cobro de la RGI. Y pese a la dificultad para analizar medidas que aúnen la eficacia y el control, el grupo de reflexión sigue avanzando en el diseño de un modelo más eficiente de ayudas. Junto a esta línea de trabajo, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales también está inmerso en la labor de culminar la reordenación de Lanbide y avanzar en los desarrollos normativos en materia de políticas sociales. De hecho, muchos de los puntos que valora y analiza la comisión dedicada a optimizar las ayudas están supeditados a la próxima regularización de la RTP (Relación de Puestos de Trabajo) de Lanbide, que determinará el personal dedicado a cada una de las funciones que desempeña el Servicio Vasco de Empleo.

EL PAPEL DE LANBIDE Sobre el papel que le corresponde desarrollar a Lanbide en la gestión de la RGI, Ángel Toña ha avanzado en foros internos que considera más razonable que el Servicio Vasco de Empleo se centre primordialmente en las funciones de activación laboral y de mediación, dejando a los servicios sociales la supervisión de las ayudas que actualmente reciben personas sin posibilidades ni condiciones para su inserción laboral, como es el caso de los pensionistas que completan sus percepciones con una RGI o una ayuda para vivienda (PCV). Actualmente unos 16.700 de los más de 66.300 perceptores de la RGI son pensionistas. Esto supone que una cuarta parte de los expedientes que gestiona Lanbide no tienen relación con la búsqueda de empleo.

Las prioridades de Lanbide serían según este nuevo esquema de funcionamiento en estudio la mejora de los procesos de intermediación entre oferta y demanda de empleo aplicados a los perceptores de la RGI. Se trataría, entre otras cosas, de revisar y optimizar los procedimientos que puede aplicar Lanbide para propiciar la inclusión laboral de personas que en estos momentos perciben ayudas sociales pero que con el apoyo personalizado adecuado podrían acceder a un puesto de trabajo y formar parte del sistema productivo.

Este esquema de separación de funciones supone priorizar las actuaciones de inserción laboral dentro del modelo de inclusión activa que ya se viene aplicando a los perceptores de RGI y que fue el motivo de que la gestión de esta ayuda se centralizara en Lanbide a finales del año 2011. Hasta ese momento la gestión de las prestaciones que conforman el sistema de garantía de ingresos de Euskadi recaía en tres administraciones: los ayuntamientos recibían y tramitaban las solicitudes de ayudas, las diputaciones las autorizaban y, finalmente, el Gobierno Vasco abonaba las prestaciones. El cambio operado hace tres años y medio, que suponía centralizar todas esas funciones y poner el acento en la activación laboral de los perceptores, coincidió con un incremento notable en el número de ayudas abonadas, lo que dificultó la asunción de tareas en las oficinas de Lanbide y generó retrasos en los cobros, quejas y reclamaciones de los perceptores y toda una casuística de fallos, suspensiones y duplicidades.