Tiene 26 años, es licenciada en Ingeniería industrial y sus padres la animaron a comprar un piso en el barrio bilbaíno de Santutxu, concretamente en la zona de Masustegi. Era «una oportunidad». Dos hermanas vecinas lo habían recibido en herencia y lo tuvieron alquilado durante un tiempo, pero soportaron numerosas quejas de los vecinos por ruidos y en una ocasión la Policía encontró hasta 20 menores en la vivienda, por lo que decidieron venderlo el pasado mes de noviembre. Durante los últimos seis meses «no ha vivido nadie allí», explica el padre de la compradora, que quiere denunciar el caso públicamente.

Firmaron las escrituras ante notario el pasado 9 de abril. Hace dos semanas, el padre de la nueva propietaria, que trabaja fuera de la provincia y no dispone de tiempo en horario de oficina, acudió con un poder a empadronarla al Ayuntamiento de Bilbao. Cuál fue su sorpresa cuando la funcionaria al ir a completar el trámite le comunicó que su hija no se podía empadronar en la casa que acababa de adquirir por «‘overbooking’». Según le explicó, había ya registradas en ese domicilio diez personas, entre ellas un ciudadano paquistaní. Lo saben porque hay cartas en el buzón a su nombre y al de otras personas, algunas de ellas dirigidas por el Gobierno vasco, también de propaganda electoral.

Cartas certificadas

«Me encabrité un poco», confiesa el hombre. Habían comprobado que el piso no tenía cargas económicas, pero no habían reparado en otro tipo de problemas. Pese a su insistencia, la empleada del registro de población no le facilitó los nombres de esas personas porque, según alegó, atentaría contra la Ley de Protección de Datos. Tampoco podía darles de baja en ese momento y las gestiones podrían demorarse «hasta seis meses». Al parecer, existía una investigación abierta sobre ellos por un presunto caso de cobro irregular de RGI. Al parecer, cuando se acumulan diez empadronamientos en una misma vivienda salta una alerta para que ese caso sea estudiado. El padre de la afectada también se dirigió a una oficina de Lanbide para comunicar el posible fraude, pero los empleados le trasladaron sus dificultades y su falta de medios para «investigar» en los datos personales de los perceptores. Haciéndose cruces, llamó a su hija para contárselo.

Anteayer, la joven bilbaína recibió una llamada del Consistorio en el que daban marcha atrás y le informaban de que sí iban a permitirle empadronarse en su propia casa. La chica advirtió a la comunicante de que su idea era irse a vivir con su novio al piso en cuanto su padre acabe con las obras de reparación que ha emprendido. La funcionaria volvió a echarle un jarro de agua fría, su ‘chico’ tampoco podía empadronarse con ella por el mismo motivo.

El área de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, encargada del padrón, atribuye el fallo al «anterior propietario, que no dio de baja a los inquilinos que tenía allí empadronados». Una vez que la nueva dueña de la casa ha comunicado esta irregularidad al Consistorio «se ha abierto el expediente para darles de baja». Sin embargo, no pueden determinar el tiempo que tardará en librarse de estos vecinos virtuales porque «la Administración ha de seguir un protocolo, tiene que ser garante de los derechos, porque a efectos oficiales ellos siguen viviendo allí». Mediante correo certificado, el Ayuntamiento enviará notificaciones a estas personas a esa dirección y una vez que sean devueltas y se compruebe que no residen en ese domicilio se les dará de baja del padrón «por decreto».

Cuando alguien se muda y se empadrona en otro lugar, suele realizarse el cambio de domicilio de forma automática, aunque hay ocasiones en que la persona no se da de alta en un nuevo padrón o se va fuera. Fuentes municipales creen que a partir de ahora la consulta de anteriores empadronamientos será habitual cuando se adquiera una nueva vivienda.