El paraíso era Canarias. Si el padre quería reunir a la familia, debía demostrarle al Gobierno que dispone de al menos 1.331 euros al mes, un salario que hoy no alcanza el 60% de los empleados. Le faltaban 50 euros.  Y una casa. No un techo cualquiera, no la sombra de un árbol, ni la protección de algún puente. Una casa «adecuada», dice la ley; que tenga habitaciones suficientes, y lo pueda certificar con el informe adecuado del técnico competente de la comunidad autónoma donde esté la residencia. Si el burócrata es uno de esos que en Canarias gestiona las solicitudes de vivienda, pudo pasarle cualquier cosa, vista la experiencia de otros miles. No todas las negligencias son del político de turno; los hay peores, funcionarios vitalicios incapaces de entender y mejorar el mundo.

El permiso de residencia debía contar además con la renovación autorizada, otro examen de idoneidad que jamás superarían muchos ejemplares de la fauna local.

La inmigración desapareció de la agenda política canaria hace ya una década, cuando se limpiaron las playas de imágenes desoladoras. Sin que eso quiera decir que el fenómeno haya desaparecido, tan sólo es más rentable el silencio. Aún hay más muertos que barcos hundidos en los fondos del mar atlántico, sin robots que acudan a buscarlos.
Un niño sin futuro cotiza como equipaje. La maleta que el abuelo de Pedro Lezcano se llevó a La Habana, o su padre a Venezuela, regresa ahora cargada de indiferencia, un saco de huesos con los ojos abiertos, carne de arrabal, más lejos que antes del final del camino. Hay 38 millones de desplazados huyendo por esos mundos, 11 millones de ellos escaparon en el último año. Otro récord. Algún idiota aún se cree que semejante terremoto nunca afectará a estas Islas maravillosas. Abou.