«Se le quiere imponer la misma pena que a un señor que lo que lleva es un negocio de inmigración ilegal y explotación de seres humanos»

La Red Española por la Inmigración, que integran fundaciones, ONG y juristas de todo el territorio nacional, ha puesto en marcha una batería de medidas para pedir que no se acuse de un delito de tráfico de seres humanos al padre del niño costamarfileño introducido en una maleta para cruzar clandestinamente la frontera de El Tarajal (Ceuta) dadas las circunstancias que concurren en este caso.

Lo explica en declaraciones a Europa Press el abogado Estanislao Naranjo Infante, coordinador de esta campaña que pasa por pedir a la Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Parlamento Europeo y el Congreso de los Diputados, por un lado, que se evite enjuiciar a este hombre por un delito pensado para castigar por ejemplo al patrón de un cayuco y, por otro, que se abra un debate sobre los requisitos de la reagrupación familiar que impone la Ley de Extranjería.

«Consideramos que es una barbaridad lo que se está haciendo con este hombre, porque se le quiere imponer la misma pena que a un señor que lo que lleva es un negocio de inmigración ilegal y explotación de seres humanos como si fuera un delincuente habitual o el capitán de un cayuco cuando se trata de su propio hijo», señala Naranjo Infante.

En su opinión, «el tráfico de seres humanos es una actuación execrable y debe ser perseguida pero no se puede penalizar todo de foma genérica». «La ley hay que aplicarla caso por caso y en este caso en concreto, la aplicación llevará a resultados que entendemos que ni siquiera preveía el propio Código Penal, a un efecto indeseable», asegura.

Naranjo Infante dice que no se entiende además, que se haya dictado prisión provisional sobre él, «cuando tiene permiso de residencia en España, domicilio conocido, trabajo fijo esposa y una hija en el país».

Sobre la reagrupación en España del niño de ocho años, que le fue negada por no reunir los requisitos económicos exigidos, la Red pide que se abra un proceso de debate y así lo ha instado a través de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, pues considera que «la aplicación estricta de la ley puede dar lugar a situaciones de injusticia», como en su opinión es el caso.