Un hombre de nacionalidad colombiana que se enfrentaba a una posible condena de 7 meses entre rejas y una multa de 1.260 euros salió ayer del juzgado que debía enjuiciarlo libre de cargos. Sobre su persona recaía la acusación de un delito de falsedad en documento oficial ya que presentó un informe del Ayuntamiento de Aspe para obtener un permiso de residencia que, según sostiene el Ministerio Público, no fue elaborado por la Administración local.

El procesado acudió en julio de 2007 a la Oficina de Extranjeros de Alicante con la documentación falsa para solicitar la autorización de estancia temporal por arraigo social. El asunto recaló en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, desde donde se dirigieron las diligencias para averiguar la validez del informe hasta que el titular del órgano instructor mandó la causa para su juicio.

Sin embargo, el inmigrante, defendido por el letrado Aitor Esteban Gallastegui, quedó absuelto al finalizar la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 8 de Alicante. La magistrada titular le leyó ‘in voce’ la sentencia por la que queda completamente exonerado, ya que el Código Penal recogía cuando ocurrieron los hechos que el culpable de la falsedad no es quien porta los documentos, sino quien los falsifica.