Al mes y medio de estrenar su mayoría en el Congreso, el Partido Republicano afronta su primera gran prueba. Los legisladores conservadores están divididos acerca de llevar hasta las últimas consecuencias su estrategia de usar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional como un instrumento de presión contra las medidas unilaterales en inmigración del presidente Barack Obama. Si no llegan a un acuerdo antes de la medianoche del viernes, ese departamento – responsable de vigilar las fronteras, aplicar las normas migratorias y coordinar la seguridad antiterrorista – se quedaría sin fondos, lo que derivaría en su cierre parcial.

Tras hacerse con el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre, el nuevo líder republicano del Senado, Mitch McConnell, prometió que no habría más shutdowns, cierres del Gobierno. Durante dos semanas en octubre de 2013, la actividad del Gobierno federal estuvo parcialmente suspendida por la negativa de la Cámara de Representantes, de dominio republicano, a aprobar el presupuesto anual si no se paralizaba parte de la reforma sanitaria del demócrata Obama. Ante el riesgo de que Estados Unidos entrara en una suspensión de pagos, los republicanos acabaron cediendo y pactaron con la entonces mayoría demócrata del Senado.

Como entonces, el ala más ideológica del Partido Republicano – con el grupo del Tea Party a la cabeza – aboga por emplear la votación presupuestaria como una vía de confrontación con Obama y en este caso agravada por su decisión de actuar por decreto en inmigración. Ahora, sin embargo, la aritmética parlamentaria es otra: los conservadores controlan los dos hemiciclos del Congreso y tienen el reto de demostrar que pueden operar como un partido responsable de gobierno tras cuatro años de parálisis legislativa, que atribuían al dominio demócrata de una de las cámaras.

El dilema actual de fondo es entre enfrentamiento o pragmatismo en unos asuntos, como inmigración y seguridad, de alto voltaje político. El debate sobre el presupuesto del departamento – el único del Gobierno sin aprobación – ha aflorado tensiones internas entre republicanos de la Cámara y el Senado, con intercambios de reproches incluidos.

La imagen de desunión al poco de iniciarse la legislatura puede ser contraproducente en la opinión pública. Igual de dañino resultaría ser percibidos como responsables del cierre parcial de una agencia que se encarga de proteger al país de amenazas externas, en un momento de creciente preocupación terrorista. Y con el riesgo, además, de enfurecer a la influyente población latina, un feudo tradicionalmente demócrata, de cara a las elecciones presidenciales de 2016.

La salida a esta crisis depende del juego de equilibrios que logre hacer John Boehner, el máximo dirigente republicano en el Congreso. A mediados de enero, la Cámara de Representantes, que él preside, aprobó un presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional con cláusulas que revertían no solo las medidas ejecutivas que Obama anunció en noviembre – actualmente bajo suspensión temporal de la justicia – para frenar la deportación de hasta cinco millones de indocumentados, sino otras similares, impulsadas en 2012.

Para que esa propuesta se convierta en ley debe ser validada por el Senado. Los republicanos ostentan la mayoría, pero precisan de seis escaños demócratas para lograr su aprobación. Ante el reiterado bloqueo demócrata, el republicano McConnell presentó el martes una solución de compromiso: votar por un lado el presupuesto anual del departamento y por otro, una ley que solo anularía las acciones migratorias de Obama de noviembre. La segunda propuesta difícilmente recibiría el respaldo demócrata y el presidente reiteró el miércoles que la vetaría, pero los republicanos salvarían en parte la cara.

La iniciativa de McConnell recibió críticas de republicanos en la Cámara de Representantes. Steve King, un ferviente opositor a cambios migratorios, sostuvo que el líder del partido en el Senado había sido “volcado por el rey”, una expresión de ajedrez en alusión a que se había rendido.

El pleno del Senado tiene previsto aprobar este jueves sin dificultades el presupuesto del departamento. La incógnita es si la Cámara de Representantes lo querrá validar para que se convierta en ley o se mantendrá firme en su propuesta de enero con restricciones migratorias. Un enigmático Boehner dijo este jueves que no tomaría una decisión hasta la aprobación del Senado. Boehner se reunió el miércoles con McConnell, con el que no había hablado en dos semanas, en una posible muestra de distanciamiento entre los dos líderes republicanos en el Capitolio.

El suspense puede durar hasta el último minuto y no se descarta una solución transitoria que permita ganar tiempo. El equilibrio que afronta Boehner es complejo. “Es una situación sin victoria”, dijo el congresista republicano Matt Salmon. “De un lado, afrontamos la horrible posibilidad de un cierre de Gobierno. Si no hacemos nada y simplemente capitulamos, afrontamos una posibilidad aún más horrible de una crisis constitucional”.