La campaña del PP vasco contra el “fraude” en las ayudas sociales que concede el Gobierno vasco se extiende ahora a la Diputación de Bizkaia, también gobernada por el PNV. El líder provincial del PP, Antón Damborenea, ha presentado hoy los datos que le ha facilitado la Diputación sobre las llamadas “ayudas especiales para la inclusión social”, que están pensadas para los mayores de 18 años que no cobran la Renta de Garantía de Ingresos (RGI, ésta para mayores de 23 años inclusive) y que están empadronados desde hace 30 meses en Bizkaia o bien han estado atendidos por los servicios sociales del menor. Damborenea ha denunciado la “falta de control” con que la Diputación gestiona estas ayudas, “sin inspectores”, con sólo dos funcionarios desbordados por el día a día y fiándose únicamente de los asistentes sociales municipales. Según la ley, estas personas deben recibir y cumplir un plan individualizado de reinserción social y laboral, pero la Diputación “no vigila” que esto se cumpla, de forma que el sistema, “en la teoría bueno”, falla en la práctica.

Asegura que esto, en vez de ayudarles a encontrar empleo, “cronifica” su situación de dependencia. Apunta que desde 2011 hasta septiembre de 2014 se han incorporado a estas ayudas 1.978 personas, entre ellas “1.855 extranjeros, en su gran mayoría hombres, entre 18 y 24 años, de ellos 1.164 procedentes de Marruecos”. 123 serían “nacionales”. Los ‘populares’ creen que “posiblemente” muchos de ellos ni siquiera residen en Bizkaia. Para afirmarlo se aferran a un dato: desde 2011 “se han enviado 8.311 notificaciones comunicando la extinción de la prestación que no se han podido entregar al interesado por paradero desconocido”. “¿Cuántos han estado cobrando sin conocer su empadronamiento durante los meses anteriores”, se preguntan.

Damborenea dice que la Diputación “no controla nada” estas ayudas previas a la RGI, que están destinadas sobre todo al universo de los menores extranjeros que llegan sin papeles a Bizkaia, cuando, tras estar bajo la tutela de esta institución, cumplen la mayoría de edad pero todavía no tienen la edad para cobrar la RGI. También hay aquí menores que cumplen la mayoría de edad tras haber estado tutelados por los servicios sociales bien por ser huérfanos o perder sus padres la custodia del menor.

El PP asegura que se produce una cadena de continuidad, de manera que primero cobran durante un máximo de 30 meses estas ayudas y después acuden a la RGI, pagada por el Gobierno vasco, y que la Diputación sólo quiere quitarse ese gasto de encima para pasárselo al Ejecutivo autonómico. Damborenea ha reconocido, en todo caso, que no tienen el porcentaje de cuántos de esos perceptores acuden después a la RGI. La ayuda, siempre según los datos aportados por los ‘populares’, es de 331 euros (unidad familiar de una persona), 425 euros (dos personas) o 470 (tres). Preguntado por la posibilidad de que no encuentren empleo en parte debido a la situación de paro que se vive también en Bizkaia, su portavoz ha contestado que “parece razonable” que puedan acceder al mercado laboral “como otras personas” cuando tienen “a un padrino muy importante, que es la Diputación”.
Esperar ‘tranquilamente’

“Han convertido estas ayudas en un paso, para que estas personas extranjeras, que siendo menores de edad, o menores de 23 años, puedan esperan tranquilamente a cumplir los 23 años para acceder a la RGI”, asegura el PP en el documento que ha difundido.

La otra vertiente es la de la delincuencia: Damborenea dice que no puede ser que esta población delinca y cobre ayudas sociales. El fondo del asunto es que si un extranjero sin papeles comete un delito no puede ser expulsado a su país si cobra ayudas sociales.

El PP preguntará sobre esto a la Diputación en las Juntas Generales y en función de sus explicaciones, presentará una moción. En ella quiere exigir al Gobierno de José Luis Bilbao que ponga en marcha un control hasta ahora “inexistente” y que además cambie la regulación para que quienes cometan delitos dejen de recibir estas ayudas.

Las ayudas especiales a la inclusión social existen desde hace unas dos décadas en Bizkaia. Al PP no le consta que “nunca” haya habido control sobre ellas. Damborenea ha precisado que con esto no alentará una recogida de firmas para una iniciativa legislativa popular como está haciendo el alcalde de Vitoria Javier Maroto porque en mayo son las elecciones y no hay tiempo para un proceso tan largo