madrid – El PSOE, IU – ICV, UPyD y PNV solicitaron ayer la comparecencia del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso de los Diputados para detallar sus planes al frente de la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) después de que el Tribunal Supremo haya anulado cuatro de sus artículos por entender que contradicen el derecho europeo, la Ley de Extranjería y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En concreto, elimina el artículo que permitía los registros personales de los inmigrantes, con la posibilidad de efectuar un desnudo integral; dos que no reconocían como tal el derecho de las familias internadas a residir juntas en el mismo alojamiento; y otro que permite volver a internar a una persona sin que se produzca nueva orden de expulsión.

De esta forma se admitieron los recursos de SOS Racismo, la Federación Andalucía Acoge y la Asociación Proderechos humanos contra el Reglamento, aprobado en marzo de 2014, con cuatro años de retraso respecto del mandato de la Ley de Extranjería. Desde el departamento que dirige Fernández Díaz aseguraron que “se estudiará” la sentencia.

La secretaria de Inmigración de la Ejecutiva Federal del PSOE, Eva Matarín, exigió al Gobierno “que rectifique y que respete derechos” en los CIE.

críticas “El Gobierno hizo oídos sordos a la propuesta de reglamento elaborada en el año 2012 por el PSOE, en la que se indicaba la exigencia de garantizar la unidad familiar y es vergonzoso, en cuanto a garantía de derechos ciudadanos, como de imagen de un país, que tenga que ser el Supremo quien ponga fin a este funcionamiento”, valoró Matarín.

A su juicio, el Gobierno actúa tratando a los inmigrantes como “objetos de sus propios prejuicios”. Por todo ello, anunció que próximamente el PSOE iniciará una batería de iniciativas parlamentarias exigiendo al Ejecutivo popular que respete los derechos de los inmigrantes.

El portavoz de Interior de IU en el Congreso, Ricardo Sixto, destacó que esta sentencia del Supremo cuestiona la política de inmigración del Gobierno en general y de los CIE en particular. “El reglamento del PP pretendía legalizar determinadas prácticas que son contrarias a los derechos de las personas retenidas en los CIE. Para nosotros el mejor CIE es el que quede clausurado. El Gobierno debe cambiar su política de criminalizar la inmigración”, sentenció.

Al mismo tiempo, los eurodiputados de IU – ICV Ernest Urtasun y Marina Albiol esperan que esta sentencia represente el “primer paso” para que los internos mejoren sus condiciones. Ambos manifestaron su intención para trabajar desde el Parlamento Europeo en el cierre de “estas cárceles para inmigrantes” y tumbar la directiva europea de inmigración “de la vergüenza” y que “tumba los derechos humanos”.

Mientras, ayer el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), consideró que no se puede hablar de “devoluciones en caliente” sino de “rechazos en frontera” a la hora de contener a los inmigrantes subsaharianos que intentan entrar en la ciudad. Aseguró que a la hora de referirse a este fenómeno migratorio hay que ser “objetivos y fieles a la realidad”. El presidente ceutí dijo que “está el derecho de acogida pero hay otro derecho que es el de guardar la seguridad de la frontera”, en relación a los asaltos masivos de inmigrantes subsaharianos.

Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla admitió ayer a trámite dos denuncias más sobre la actuación de la Guardia Civil en dos saltos de la valla que tuvieron lugar en agosto y octubre y las ha acumulado en la misma causa. – E.P./Efe