El fiscal superior del País Vasco,
Juan Calparsoro, alargará al menos
dos mes la pieza judicial
abierta por su oficina contra el
parlamentario del PP y alcalde de
Vitoria, Javier Maroto, como consecuencia
de la denuncia por discriminación
a los extranjeros formulada
por SOS Racismo después
de que Maroto acusara a los magrebíes
de vivir de las ayudas y de
no querer trabajar. En busca de
una salida civilizada a este contencioso,
Calparsoro condenó ayer
a las partes… a entenderse. En
una novedosa resolución, el fiscal
dio traslado de la causa al servicio
de mediación de Álava, al que le
da dos meses para que el dirigente
del PP y el portavoz de SOS Racismo,
Fede García, sellen la paz.
Calparsoro entiende que el asunto,
aunque relevante por el clima
social que se vive en Vitoria por las
ayudas sociales, no tiene enjundia
suficiente como para ir a juicio y
que es posible zanjarlo al margen
de la justicia ordinaria, como ocurre
en otros pleitos familiares o de
menor entidad. Así lo confirmó en
un decreto de tres folios que se hizo
público ayer por la mañana y
que había adelantado EL MUNDO
en su edición digital.
«El proceso de mediación puede
ser muy adecuado para que el denunciado
y los denunciantes […]
establezcan un marco de diálogo y
de encuentro interpersonal con el
objetivo de la revalorización de las
personas como protagonistas en la
resolución de los conflictos y el reconocimiento
del otro como parte
del conflicto con su verdad, su historia,
su percepción y sus necesidades
», argumenta el responsable de
la Fiscalía vasca en dicho escrito.
Calparsoro, a la hora de dar una
salida a este espinoso asunto, se ha
encontrado con el dilema de que la
Audiencia de Barcelona archivó el
precedente más parecido, la denuncia
de SOS Racismo al alcalde
de Badalona, Xavier García-Albiol
(PP), quien también cargó contra
un colectivo inmigrante por las
ayudas sociales de las que se beneficiaba.
Pero, aunque ese fallo encamina
este proceso al sobreseimiento,
la Fiscalía acusó al alcalde
catalán por discriminación, lo que
obliga de alguna manera a Calparsoro
a no dejar morir el procedimiento
sin explorar una salida.
Se da la circunstancia de que recientemente
ya se celebró un acto
de conciliación entre SOS Racismo
y el diputado general de Álava, Javier
de Andrés. El dirigente del PP
había acusado a la asociación de
apoyo a los inmigrantes de promover
el fraude en las prestaciones
sociales al empadronar en su sede
a 1.200 extranjeros y su portavoz,
Fede García, se querelló contra él.
La conciliación, que no es exactamente
igual a la mediación porque
se trata de una especie de audiencia
previa a un juicio y no de
un proceso alternativo para evitar
llegar a juicio, no dio sus frutos
porque ninguna de las partes se
movió de sus posiciones iniciales.
SOS Racismo, a día de hoy, mantiene
la denuncia penal contra De Andrés,
aunque deberá volver a registrarla
porque la original ha sido desestimada
por defectos de forma.
En el caso de Maroto, ambas
partes deberán decidir si aceptan
sentarse ante el mediador para solventar
este pleito. A tenor de las
primeras reacciones tras conocer
la noticia, parece que al menos sí
se reunirán. El alcalde popular, eso
sí, dejó claro que no se moverá de
sus posiciones sobre las ayudas sociales.
Siente que sus denuncias de
los «abusos» en el sistema vasco de
prestaciones vienen «avaladas» por
los datos de Lanbide. García, por
su parte, ha convocado hoy a los
medios de comunicación para aclarar
la posición de SOS Racismo,
aunque adelantó su pesar por que
Maroto no rectifique en declaraciones
realizadas en la Cadena Ser.
En caso de que esta idea de Calparsoro
fracase, el caso volvería a
manos de la Fiscalía una vez agotado
ese plazo de dos meses. La pelota,
de nuevo, quedaría en el tejado
de Calparsoro, quien deberá optar
por si archiva definitivamente
la causa por discriminación o por
si, por el contrario, sigue las directrices
de sus colegas catalanes y
denuncia a Maroto ante un juzgado
de lo penal.