Maroto se hace fuerte

Se erige en portavoz de la calle y reclama en el Parlamento reformar las ayudas sociales frente al boicot de PNV, PSE-EE y EH Bildu L Sólo Maneiro descalificó el plan del PP desde la tribuna

El Mundo, JOSEAN IZARRA VITORIA, 31-10-2014

Los grupos parlamentarios de PNV,
EH Bildu y PSE-EE protagonizaron
ayer el primer boicot en la historia
de la Cámara vasca en un debate
protagonizado por el alcalde de Vitoria
y parlamentario del PP vasco
Javier Maroto. Los miembros de
los tres partidos evitaron intervenir
tras la exposición realizada por
Maroto en la que, apoyándose en
una decena de presuntos casos
prácticos, volvió a denunciar las
deficiencias de las normas que facilitan
el cobro de la Renta de Garantía
de Ingresos (RGI) y su gestión
por parte de Lanbide. Sin participar
en el debate votaron no
todos los parlamentarios (63) de
PNV, PSE, EH Bildu y UPyD menos
el lehendakari Iñigo Urkullu
de viaje a México e Igor López de
Munain que fue expulsado.
Los grupos mayoritarios guardaron
silencio en las réplicas, rieron
con ironía en algún momento de la
intervención e Igor López de Munain
llamó «¡Sinvergüenza!» desde
el escaño a Maroto cuando se encontraba
en el uso de la palabra. La
presidenta, Bakartxo Tejería, le expulsó
del hemiciclo tras conminarle en tres ocasiones a que retirara el insulto
sin que rectificara.
Maroto afrontó un tenso debate
parlamentario que venía precedido
por la alta temperatura política y
también social que envuelve la pretensión
del PP de abordar una reforma
en profundidad de la RGI,
unas ayudas que, según el proyecto
de presupuestos de 2015, ascienden
junto a la Prestación Complementaria
de Vivienda (PCV) a 461
millones de euros. El alcalde de Vitoria
asumió, como adelantó EL
MUNDO del País Vasco, la portavocía
en una moción parlamentaria
que planteaba en su literalidad
abordar cambios en Lanbide para
mejorar su eficiencia pero que Maroto
hábilmente convirtió en un
guiño a los ciudadanos que se
identifican con su discurso contrario
a la cronificación de las ayudas,
el abuso de las prestaciones por
determinados colectivos y, sobre
todo, con aquéllos que se sienten
maltratados por el actual sistema.
La intervención de Maroto agravó
el malestar de los parlamentarios
del resto de partidos que ya hace
dos semanas amagaron con boicotear
el debate –el PP pospuso entonces
esta moción– y que ni entonces
ni ayer lograron convencer al portavoz
de UPyD Gorka Maneiro. Éste sí
subió a la tribuna, descalificó con
contundencia a Maroto y dejó en entredicho
la estrategia de PNV, EH
Bildu y PSE-EE. En sus escaños, los
parlamentarios críticos con Maroto
repasaron los dossieres de prensa,
contestaron correos electrónicos y
completaron intervenciones mientras
desde la tribuna el portavoz popular
raseaba su mensaje aludiendo
a las situaciones que viven comerciantes
y autónomos, ciudadanos en
paro, ertzainas, trabajadores de banca,
jubilados o vascos en general
que cuestionan en primera persona
la utilización del sistema vasco de
ayudas sociales. «Ayudas sí, abusos
no», repitió Maroto, que compareció
en camisa blanca y con las mangas
remangadas en otro guiño a las decenas
de vitorianos que le han instado
a seguir adelante y a los que emplazará
a apoyar a la plataforma que
pretende poner en marcha una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP).
«La RGI es un sistema extraordinario
y la mejor forma de defenderlo
es reformarlo para evitar los
abusos», recalcó Maroto que puso
como ejemplo los requisitos del
modelo escandinavo que equiparó
con el vasco y que exige la residencia
legal y la residencia habitual de
los perceptores mientras que, según
datos de Lanbide, más de
3.700 inmigrantes ilegales cobran
en Euskadi una prestación mensual de 866 euros que incluye la
RGI y el complemento de vivienda.
Maroto afeó al consejero y precandidato
del PNV a la Alcaldía de
Bilbao Juan María Aburto el «nerviosismo
» a la hora de aclarar los
datos de esta prestación social
mientras Aburto negaba con la cabeza
y tomaba notas en una respuesta
a Maroto que no se hará demorar
ya que hoy tiene la oportunidad
en varias preguntas durante
el pleno de control. «El primer día
dijo que el fraude era irrelavante,
el segundo era del 1%, tras el verano
que 1 de cada 4 expedientes incluían
incumplimiento o fraude y
luego eran 54 millones los que había
que devolver para aumentarlos
a 72 millones al poco tiempo», resumió
Maroto en su interpretación
de los datos ofrecidos durante los
últimos meses por Aburto.
El alcalde de Vitoria –casi único
protagonista del debate a su pesar–
responsabilizó al resto de grupos de
«querer pasar página porque este debate
les molesta» y advirtió a los parlamentarios
de que los ciudadanos
se quedarán «atónitos» al comprobar
la «espantada» del resto de partidos.
«Su respuesta es que no hay respuesta
lo que constituye el último argumento
para la plataforma ciudadana
», manifestó Maroto en el colofón
de su segunda intervención.
Tras ella y escasos segundos
después, tres parlamentarios de
PNV, EH Bildu y el PSE-EE leyeron
en la sala de prensa un comunicado
conjunto titulado ‘Declaración
grupos RGI’ en el que intentaron
justificar su plante como la forma
de «testimoniar nuestra postura radicalmente
opuesta al PP no haciendo
aprecio alguno a una iniciativa
que se inscribe en la ofensiva
general contra el Estado de Bienestar,
los derechos y libertades públicas,
las políticas sociales, el derecho
al trabajo y la diversidad cultural
». Los avalistas del boicot
parlamentario llegaron a reconocer
en su escrito que el «sistema [de
ayudas sociales] no es perfecto y
deben acometerse mejoras para
evitar casos de fraude, porque los
hay» sin aclarar que medidas van a
adoptar para, como planteó Javier
Maroto, mejorarlo.
González defendió que la posición
y los objetivos del PP son «radicalmente
distintos», por lo que
no cree que sea posible un «giro en
los presupuestos hacia la recuperación
de políticas perdidas», a no
ser que las cuentas «sean acordadas
por los grupos de la oposición
». Un posicionamiento que ya
deja fuera de cualquier negociación
con De Andrés al PSE y coloca
todo el foco en la aptitud que
adopte el portavoz del PNV en las
Juntas Ramiro González.
La propuesta de Cristina González
se interpreta, además, como
otro paso del PSE de Álava para
amalgamar un posicionamiento
compartido con PNV e incluso con
Bildu para afrontar la última parte
de la legislatura y apoyarse en esta
entente tras los comicios de 2015.

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