Pretendía lanzar un discurso triunfal, pero ganó por contradictorio. Desde el principio. Nada más sentarse en la sala de prensa, Javier Maroto dejó claro que la información que había recibido del consejero de Empleo y Políticas Sociales sobre la RGI daba la razón a su cruzada de ayudas sí, abusos no. “La fuerza de los datos evita hacer declaraciones grandilocuentes”, aplaudió, para, a continuación, desacreditar la mayoría de ellos por incompletos e inexactos.

Fue sólo el comienzo. Querer demostrar que su estrategia no es xenófoba y, a la vez, mantener los apoyos que le ha granjeado ese filón le pasó factura. Aseguró que los inmigrantes nunca estuvieron en su punto de mira, pero siguió distinguiendo entre ellos y los autóctonos. Habló de justicia para todos, pero se negó a pedir disculpas al 40% de magrebíes que no recibe ayudas. Sostuvo que nunca señaló a nacionalidades concretas, aunque fue de las únicas de las que volvió a ofrecer cifras. Opinó que no hay que sacar a los irregulares del sistema, pero admitió que mantendrá la propuesta que apoya lo contrario. Sostuvo que es precisa la solidaridad, pero defendió haber tomado medidas de control que ahora están desbordando Cáritas o el Banco de Alimentos. Dijo que hace falta una revisión integral, pero se mantuvo en sus trece de sólo endurecer los requisitos de acceso. Y finalmente, echó la culpa de los cobros indebidos al Gobierno Vasco.

Dentro de sus valoraciones, Maroto siguió un orden en su intervención. Comenzó exponiendo o analizando los principales datos del informe. Empezó por el primero, uno de los pocos recibidos que se cree a pies juntillas: el número de beneficiarios de la RGI. “Son 8.025 en Vitoria, 6.754 excluyendo a los pensionistas (….) y, de éstos, el 60% extranjeros”, arrancó, animado por la cifra a responder a quienes le habían acusado de racista. “Se me ha tachado de todo sin ningún escrúpulo por una declaración en la radio en la que sólo dije que la mayoría de los magrebíes había acudido a los servicios sociales alguna vez”, subrayó el alcalde. Fue su primer borrón, pues está grabado el famoso “vivir del cuento”. El segundo llegó cuando recurrió a datos erróneos para defender su marcaje a ese colectivo. Quizá porque “no siempre hay tiempo para analizar e interpretar correctamente un informe tan largo”, comentario que hizo más tarde para cuestionar noticias publicadas por algunos medios, se lió con sus propios cálculos y concluyó que “el 94,5% de los argelinos empadronados en Vitoria y el 81,5% de los marroquíes recibe la RGI”. En realidad, son el 64% y el 59%. Su fallo fue sumar titulares y beneficiarios, cuando los segundos ya incluyen a los primeros.

Luego pasó a hablar de lo que reciben los perceptores. Maroto siempre había hablado de más de 800 euros, pero los datos oficiales desvelan una cuantía media al mes por familia de 616,13 euros. Así que buscó la forma de darle la vuelta a la tortilla. El primer edil aseguró que quienes reciben esta ayuda “también cobran 250 euros por la Prestación Complementaria de Vivienda”, por lo que acusó al Gobierno Vasco de “detraer parte de la información” y le instó a ofrecerla. Lo que no dijo es que, en sus preguntas, él en ningún momento pidió la PCV. Y tampoco explicó por qué le importan tanto los montantes en sí. ¿Le gustaría que se limitasen o apostaría por ampliarlos pero sólo para determinadas personas? A preguntas de los medios, replicó que sólo quiere rigurosidad, que el ciudadano sepa lo que hay, especialmente los pensionistas, “que se han deslomado toda la vida y ahora ven cómo ellos no tienen acceso a ciertas prestaciones que otros sí”.

La cronificación de las ayudas recibidas por ciertos extranjeros es otro de los mantras del alcalde. Por eso, había preguntado por el tiempo que los titulares actuales llevan cobrando la prestación, una información que solicitó en función de diez franjas: desde menos de seis meses hasta más de ocho años. Lanbide, sin embargo, sólo ha dado los datos de los cuatro últimos ejercicios, con la excusa de que asumió la competencia en enero de 2012. “Es un gesto falto de rigor”, criticó Maroto, obviando, eso sí, que hasta entonces esa gestión la llevaba el Ayuntamiento, por lo que no tendría más que bucear en los archivos municipales. Otros datos que también echó en falta fueron los relativos a las cotizaciones de los titulares en la Seguridad Social. En este caso, el Gobierno Vasco se ha escudado en razones jurídicas, pues pertenecen a la Tesorería de la Seguridad Social. El primer edil se mostró insatisfecho, convencido de que “habrían sido muy reveladores”. Tanto como los que, a su parecer, se extraen de los ciudadanos irregulares que cobran la renta. “Se nos acusó de que hacíamos de las excepciones la regla general. Y son el 11,5% en Vitoria”, señaló. Todo, de hecho, fue pura contradicción en este punto. Él, que en su batería de propuestas aboga por no tender la mano a estas personas, dijo que no se les debe sacar del sistema para no crear un gran problema humanitario. Y, por otro lado, echó la culpa de que “vivan perpetuamente” de las ayudas a Lanbide, cuando es la Ley de Extranjería del PP la que dificulta que estas personas legalicen su situación.

Maroto remató el análisis con el asunto laboral. Sólo ha habido 142 suspensiones de RGI en toda la CAV por rechazar empleos, cinco de ellas de magrebíes en Vitoria, pero para él eso no implica que no sean unos jetas. “Que existan pocos expedientes de suspensión no significa que las ofertas rechazadas sean ésas. Se pueden dar cien casos en que se rechacen trabajos y sólo exista un expediente de suspensión. Además, sólo dos de cada cien beneficiarios son colocados en el mercado laboral”, advirtió. El discurso del alcalde volvió a aflorar, pero al poco lo aplacó para afirmar que “el problema está en el Gobierno Vasco, no en el que acude a la ventanilla”, institución que mantiene “una venda en los ojos”.

Críticas de la oposición Maroto exigió disculpas públicas a quienes le han tachado de xenófobo, pero la oposición municipal no le dio el gusto. El PNV le solicitó que “no siga agrediendo la convivencia” y aclare su posición. “Si es ayudas si, fraude no sea quien sea nos tendrá de su lado, pero si es ayudas no, para que no haya fraude que se olvide de nosotros”. El PSE tiene claro que al alcalde le pasa lo que a su partido, que “no le gusta la tercera pata del estado del bienestar, como tampoco la sanidad o la educación pública”. Por eso, quiere impulsar una comisión de investigación sobre las AES, las ayudas que gestiona el Ayuntamiento y de las que el primer edil nunca ha dado datos, seguramente porque supondría reconocer de sí mismo lo que reprocha al Gobierno Vasco. EH Bildu invitó también a los demás partidos a aislar políticamente a Maroto no apoyando el Presupuesto hasta que recule.