La lucha contra la inmigración irregular y, por tanto, contra las organizaciones criminales que con extraordinaria crueldad han convertido a millones de seres humanos en mercancía, sólo puede abordarse como una cuestión de Estado. La respuesta a este desafío exige conjugar distintas sensibilidades y ponderar adecuadamente la solución que desde el Estado de Derecho debe darse a situaciones de enorme complejidad, con una innegable dimensión humanitaria que debe ser ponderada junto a la irrenunciable responsabilidad de proteger las fronteras, consustancial, como el territorio, a la idea misma de Estado.

La pobreza endémica de buena parte del continente africano es reveladora de la profunda desigualdad que, lamentablemente, define una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Como consecuencia de esta situación, millones de seres humanos han puesto en riesgo su propia vida en busca de un futuro mejor. Dada nuestra particular situación geográfica, España y, especialmente, las ciudades de Ceuta y Melilla, llevan años sometidas a una intensa presión migratoria que nos obliga a conseguir un difícil equilibrio entre la obligación de custodiar nuestras fronteras, en los términos que impone el Código de Fronteras Schengen y la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el deber de respetar todo el acervo de derechos fundamentales que se ven comprometidos en los flujos migratorios, incluso cuando se trata de intentos de entrada por vías ilegales.

La Ley de Extranjería da respuesta, con el máximo rigor jurídico, a situaciones derivadas de la irregularidad de la entrada o de la estancia y permanencia en España, aplicando procedimientos como la inadmisión, la devolución o la expulsión, con todas sus garantías. Sin embargo, en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla en las que, por cierto, se concentra la mayor desigualdad del mundo en tan solo unos kilómetros, se producen situaciones que necesariamente son previas a la aplicación de la Ley de Extranjería y a sus principios y procedimientos. Así, a diferencia de otras fronteras, en Ceuta y Melilla se plantea desde hace años la necesidad de evitar las entradas ilegales, clandestinas, flagrantes y, en muchos casos, violentas que se producen vulnerando los dispositivos de seguridad del perímetro fronterizo. No podría esperarse nunca de un Estado que asistiese impasible a actos que constituyen claras vulneraciones de nuestra legalidad y, por extensión, de la legalidad europea. Sin ánimo alguno de prejuzgar las razones que mueven a miles de personas a intentar ese salto desesperado, lo cierto es que a España y a cualquier Estado de la Unión Europea sólo puede accederse válidamente a través de los pasos habilitados. Nadie podría exigir otra cosa a un Estado de Derecho, pues sostener lo contrario sería tanto como admitir la ilegalidad como principio rector de la delimitación del territorio, que es, a su vez, dimensión esencial de la soberanía.

La actuación que realiza la Guardia Civil, en cumplimiento de la ley, al rechazar en la frontera a aquellos que intentan entrar de forma ilegal goza, por tanto, de plena cobertura jurídica, pues no es otra cosa que la consecuencia misma del concepto de frontera y de su legalidad intrínseca. Muchas veces, esa acción de rechazo supone hacer frente a asaltos violentos movidos en muchos casos, no tengo duda, por la desesperación, que sólo pueden abortarse eficazmente mediante acciones de compulsión física sobre las personas, presididas, por supuesto, por los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Habida cuenta de las exigencias humanitarias hacia quienes intentan esa penetración ilegal en nuestro territorio, el rechazo en frontera exige muchas veces evitar el uso de la fuerza, dando prevalencia a la protección de la integridad de los inmigrantes frente a la búsqueda de la eficacia inmediata en la evitación del salto, lo que puede dar lugar a situaciones en las que esa prevalencia de la integridad física aconseje esperar a que los inmigrantes hayan descendido del vallado para realizar materialmente el rechazo.

En este complejo escenario, la reforma propuesta por el Grupo Parlamentario Popular no hace otra cosa que dotar de mayor seguridad jurídica a las actuaciones de vigilancia y rechazo fronterizo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollan en las ciudades de Ceuta y Melilla, amparadas hasta ahora en una férrea legalidad, europea y nacional, que resultará perfeccionada al reconocer legalmente la singularidad geográfica de Ceuta y Melilla. No se cubrirá, por tanto, un vacío legal, sino que se mejorará la cobertura jurídica al reconocer con mejor técnica normativa que, antes de aplicar la Ley de Extranjería y sus procedimientos, tiene que producirse la entrada en el territorio, y que cuando dicha entrada pretende hacerse de forma violenta o clandestina, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la obligación de evitarlo. ¿Acaso sería admisible la tesis contraria? Es decir, alguien podría sostener que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen el deber de tolerar las entradas irregulares. Obviamente, no.
Por parte del Ministerio del Interior, tras la entrada en vigor de la reforma se aprobará un protocolo de actuación integral en los perímetros de Ceuta y Melilla con el fin de complementar la regulación legal. Nuevamente, no se trata de legislar sobre el vacío sino de actualizar, mejorar, sistematizar y dar el rango normativo adecuado a los principios de actuación que presiden la difícil misión de la Guardia Civil en las vallas. Este desarrollo permitirá ponderar adecuadamente los bienes jurídicos dignos de tutela, incluyendo, por supuesto, la seguridad fronteriza, pero sin perder de vista otros elementos humanitarios exigidos por la legalidad nacional y comunitaria.

Este difícil esfuerzo merece un voto de confianza que, sin duda, sólo puede darse a partir de la constatación de la enorme sensibilidad de una materia en la que se perfila con mayor nitidez que en muchas otras la necesidad de aplicar sentido de Estado. Porque estamos hablando de fronteras. Porque estamos hablando de personas.

Jorge Fernández Díaz es ministro del Interior