Bilbao – El PP sigue enredándose en su propio ovillo y tensando el hilo que zurce el sistema vasco de prestaciones sociales. Tanto, que el Ararteko subrayó ayer que el hecho de que un parlamentario [Javier Maroto, alcalde de Gasteiz] “haga uso” de la figura de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para solicitar un endurecimiento de las condiciones de acceso a la renta de Garantía de Ingresos (RGI) supone “retorcer mucho el espíritu y la letra de la Ley”.

Pese a estas declaraciones de Iñigo Lamarca, y a otras más en esa misma línea articuladas por el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, o el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, los populares cerraron ayer filas respaldando el discurso político del primer edil gasteiztarra. Tal y como dijo Nerea Llanos, secretaria general del PP, el objetivo de su partido es que los “jetas y aprovechados no se lleven las ayudas sociales”.

“El PP vasco está unido detrás de está idea porque considera que es la sociedad vasca la que quiere que los jetas no usen el sistema en su beneficio”, agregó al tiempo que confirmó que seguirán adelante con la campaña de recogida de firmas, un proceso que tienen previsto realizar en los tres Territorios Históricos.

Ante este hecho, el consejero y portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, volvió a pedir a Maroto que estructure, “de una vez”, su propuesta para modificar la normativa sobre la RGI en las instituciones, en vez dedicarse a “calentar el ambiente a través de un debate mediático”.

“Si realmente fuera un problema urgente como afirma y tuviera las ideas claras, lo lógico sería que presentara esas propuestas inmediatamente en el Parlamento Vasco para que fueran debatidas” y se pudiera llevar a cabo “inmediatamente” la reforma legislativa “que preconiza”, apostilló Erkoreka, quien mostró su sospecha de que Maroto “esté preparando su perfil de cara a las próximas elecciones municipales” a través de esa recogida de firmas.

Y aunque esta campaña no pudiera ser constitutiva de delito, tal y como matizó ayer Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco, sí que le ha generado sorpresa y pesadumbre en la medida en que ha sido un responsable público quien ha apadrinado toda esta polémica.

Generalizar De hecho, Calparsoro sostiene que la mayoría de los inmigrantes no cometen “fraude” en la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). En este sentido, advirtió del peligro que representa para la cohesión social el hecho de generalizar sobre este asunto. “Javier Maroto es alcalde de todos los vitorianos, sean españoles o nacidos fuera”, describió Calparsoro en ETB.

Sobre esa misma idea incidió el Ararteko, Iñigo Lamarca, quien en una entrevista concedida a Onda Vasca subrayó que el fraude en las prestaciones sociales es “ínfimo”. En este sentido, estimó que en muchos casos, han sido producto de “cálculos mal hechos” porque la institución que preside ha tenido “muchísimas quejas relacionadas con suspensiones y extinciones”.

Por esta causa, el Ararteko ha llegado a la conclusión de que la primera estimación de Lanbide sobre detección de irregularidades “no estaba bien fundamentada. Han de abrirse procedimientos individuales, y Lanbide lo hará a partir del 15 de octubre [ayer]. Y es el cambio de procedimiento donde se dilucidarán y se analizará si esa primera estimación o no de Lanbide está debidamente justificada”, ilustró. Por último, aseguró que el funcionamiento de Lanbide en los seis primeros meses de 2012 fue “muy defectuoso”, y consideró que, pese a haber experimentado mejoras, “todavía no es óptimo”.

Denuncia contra Maroto En relación a la denuncia presentada por SOS Racismo contra Javier Maroto, el fiscal superior del País Vasco indicó que el miércoles de la semana pasada recibió el informe que le solicitó al alcalde y está pendiente de “valorarlo” y de decidir si le cita en persona, algo que hará en un plazo de quince días porque “no se puede demorar”.

Calparsoro dijo que está valorando si en sus palabras hubo indicio de delito y anunció que, en su escrito, Maroto expresa que “no tenía ningún ánimo de provocar discriminación frente a los inmigrantes o personas de origen extranjero”. En todo caso, agregó, “hay que estudiar bien” el informe estadístico que le aporta donde se recoge información sobre datos de inmigrantes empadronados, su evolución y la relación que el Consistorio “atribuye a las ayudas públicas” y a su “efecto llamada”.