TRAS las reiteradas manifestaciones del señor Javier Maroto, alcalde Vitoria-Gasteiz, en las que denuncia el fracaso del Sistema de Protección Social de esta Comunidad Autónoma, especialmente la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y su propuesta de mutilarla con las siete medidas que hizo públicas recientemente, desde nuestra responsabilidad directa en el impulso de la Ley/2008, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, aprobada en el Gobierno del lehendakari Juan José Ibarretxe, del que formamos parte, nos vemos impelidos a realizar este artículo. Y esto por dos razones fundamentales: una, por el oportunismo y falta de rigor del Partido Popular del País Vasco, con los señores Maroto y De Andrés cuestionando un Sistema de Protección modélico del que nos hemos dotados los vascos; y dos, porque consideramos que el debate que están alimentando día a día puede traer consecuencias de fractura social y desigualdades sociales que pongan en riesgo la cohesión y convivencia ciudadana en Euskadi.

La ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social no fue una improvisación, sino el resultado de un largo proceso seguido en Euskadi, iniciado con el Plan de Lucha contra la Pobreza de 1989, que dio lugar al establecimiento del primer sistema complementario impulsado por un gobierno autonómico y que fue seguido por muchas otras CC.AA. Tras este Plan, vino la Ley contra la Exclusión Social de 1998, evaluada y debatida ampliamente, no solo por los partidos políticos, también por colectivos sociales y profesionales. Tras el debate y una clara voluntad del gobierno presidido por el lehendakari Ibarretxe, surge la citada ley, aprobada en el Parlamento Vasco y que contó con los votos del PP.

Según las evaluaciones efectuadas por el Gobierno vasco, el Sistema de Protección Social Vasco RGI/PCV/AES “no solo contribuye a una salida importante de colectivos de la pobreza, sino que lo hace de forma creciente en términos absolutos respecto a 2008” sino que es el principal elemento que contribuye a la prevención de la pobreza en Euskadi sigue siendo el sistema de garantía ingresos de la CAE, con una demanda minoritaria a organizaciones del tercer sector entre los colectivos en riesgo.

Gracias a este Sistema de Protección, la pobreza en Euskadi está bastante alejada de las tasas de otras CC.AA. y se encuentra entre los territorios europeos más igualitarios. Según datos de 2012, el indicador relativo a las personas en hogares sin recursos para hacer frente a un gasto extraordinario, en Euskadi es del 16,9%, frente a Madrid que es del 38%, o del 38,9% en Cataluña. En definitiva, el sistema de protección vasco, en sus 25 años de existencia, ha conseguido que los niveles de pobreza del País Vasco se sitúen entre los más bajos de la UE.

El éxito de este impacto contra la pobreza ha sido posible gracias al tratamiento integral que se hace desde la RGI de la pobreza y de la exclusión social. Constituido como un sistema de doble derecho: el derecho de toda la ciudadanía vasca a una prestación económica que cubra dignamente sus necesidades básicas y el derecho a disponer de los mecanismos de activación socio-laboral que posibilite a los usuarios de esta prestación igualdad de oportunidades en el mercado laboral.

Las propuestas lanzadas por el Sr. Maroto, a nuestro entender, no pretenden mejorar la norma, ni ampliarla, ni terminar con los abusos. Su objetivo parece claro: quiere implantar un modelo de Política Social asistencial, punitiva y caritativa que no tiene nada que ver con las Políticas Sociales del Bienestar propiciadas por los Estados Sociales y Democráticos, que plantean como principio la protección e incorporación social de las personas sin recursos económicos y excluidas socialmente y están orientadas a la creación de oportunidades para las personas que no las han tenido y que posibilita un acceso a los derechos sociales de los que se han visto marginados.

El Sistema de Protección Social Vasco es el principal elemento que contribuye a la prevención de la pobreza en Euskadi gracias al tratamiento integral de la pobreza y la exclusión que se hace desde la RGI

La RGI está diseñada para proteger situ

Una manifestación clara del carácter punitivo del modelo que propugna es la definición que el PP hace de los colectivos pobres y excluidos como vagos y defraudadores, identificando de forma reiterada el uso de prestaciones de derecho con fraude. Esta obsesión en identificar el uso de un derecho con un fraude generalizado estigmatiza a las personas y familias en situación de necesidad.

Definir un sistema modélico de Protección como la RGI como fracasado y como un “desmadre”, cuando está demostrado su efecto de choque contra la pobreza en nuestro país al reducir la extensión de la pobreza en un 37%, solo se entiende desde un propósito claro, el desmantelamiento del sistema de Renta de Garantía e Ingresos, por considerarlo un eslabón fundamental del Estado del Bienestar, contra el que arremete el neoliberalismo en nombre de la crisis y de la racionalidad del gasto. Consecuentemente estén listos quienes aplauden a estos señores. del PP porque en nombre de regenerar el sistema y eliminar a “ciertos indeseables”, lo que pretenden es hacer el cambiazo cual trilero experto en engaños y sustituir nuestro Sistema de Protección de derechos sociales por un modelo caritativo y punitivo, como hemos señalado.

Identificar o confundir las prestaciones por desempleo con las prestaciones de la RGI es un grave error. La RGI está diseñada para proteger situaciones de necesidad en la ciudadanía, hayan o no cotizado. Las prestaciones por desempleo están vinculadas al trabajo y a la cotización del trabajador. Son sistemas diferentes y complementarios. ¿Qué alternativa va a dar el PP a quienes no han podido o no pueden entrar en el mercado laboral y están en situación de necesidad, o a tantas personas jóvenes que se ven imposibilitados a tener su primer empleo, o a mujeres con cargas familiares?

Las prestaciones por desempleo, recortadas continuamente por el PP, y la Renta Garantía e Ingresos son sistemas diferentes que se complementan y perfeccionan en el objetivo de protección y de incorporación socio-laboral. No son lo mismo y nos preocupa que su pretensión sea precisamente hacerlos coincidir para, a continuación, plantear que si las condiciones de acceso a los dos sistemas son similares, sobra la RGI.

¿Empleo o ahorro? Preocupante nos parece, viniendo del PP, la propuesta de que las personas perceptoras de la RGI puedan trabajar en beneficio de la comunidad. La propia ley 18/2008 de 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos, tal como reconoce la exposición de motivos, “tiene como centralidad el empleo”, que se constituye como herramienta necesaria para la incorporación social. Considera el trabajo como el medio por excelencia para la afirmación de derechos y obligaciones de ciudadanía (Es evidente que estas convicciones las teníamos antes de las reformas laborales iniciadas por el PSOE y rematadas por el señor Rajoy y hoy precisan de matizaciones importantes). El trabajo que se fomenta desde esta Ley hace referencia a la formación profesional, a la orientación, a la intermediación y al empleo social protegido. En consecuencia, se deduce que cualquier propuesta que se haga de activación de los perceptores de la RGI, debiera estar comprendida en estos procesos continuados dirigidos al cumplimiento de los objetivos de incorporación señalados. El trabajo a la comunidad en ningún caso debiera ir orientado a realizar trabajos encubiertos que supongan ahorro para las administraciones como, por ejemplo, limpiar las calles de nieve o pintar los bancos del Parque de la Florida. Y menos con las actuales tasas de desempleo. Si hay que hacer estos trabajos, contrátese a las personas necesarias. Estos trabajos desvían al perceptor de sus obligaciones de formación para un empleo normalizado y crean círculos viciosos que no conducen sino al mantenimiento de la situación de dependencia administrativa, y son causa de una nueva pobreza dependiente de las subvenciones del gobierno de turno y muy vinculada a la pobreza cronificada de generaciones.

Señor Maroto, con el debido respeto, nos atrevemos a sugerirle que, dentro de su nivel de responsabilidad, en lugar de imposibilitar la entrada en el sistema de Protección a personas que lo necesitan, ponga en marcha itinerarios de inclusión social personalizados y sistemas de activación y de inclusión interactivos. De esta manera habrá cumplido con los objetivos de incorporación social marcados por la RGI y suprimido de manera indirecta y positiva ese fraude que tanto le inquieta. No reduzca los Servicios Sociales, potencie equipos multidisciplinares, trabajadores sociales, educadores sociales… que saben lo que hay que hacer.

Decíamos al inicio que la Ley de Garantía de Ingresos no fue una improvisación sino consecuencia de la evaluación y debate de la labor realizada en la lucha contra la pobreza de muchos años y de los cambios sociales y económicos que en ese tiempo sucedieron. Es posible que el sistema requiera mejoras continuas y corregir algunos problemas de gestión. También habrá que superar algunas interpretaciones restrictivas; por ejemplo, la consideración del patrimonio, por contradecir sus propios fundamentos, que no son sino los de proteger situaciones de necesidad de la ciudadanía vasca. Ninguna situación de necesidad debe quedar fuera o al margen de esa protección. Consecuentemente el Sistema de Protección Social Vasco, deberá ser también evaluado y sobre todo debatido por los partidos políticos, con los usuarios, los colectivos sociales y económicos, con el tercer sector y con los profesionales. Pero este debate debe ser sereno, reposado, basado en datos, realizado con rigor y no mediatizado por la proximidad de elecciones.

Señor Maroto, señores del PP: Desde que iniciaron su cruzada, en principio contra el fraude en las ayudas sociales, señalando a un colectivo en particular, hasta la presentación de sus siete propuestas, todo huele a periodo electoral. Su denuncia del fracaso del modelo vasco de protección social sin aportar datos y la utilización del fenómeno migratorio como arma electoral, además de inmoral e injusto, puede generar consecuencias muy negativas para la cohesión y la convivencia. Es preciso remarcar que la maldad de unos cuantos no hace buena cualquier actuación y que el sufrimiento injusto no otorga cualidad en política, aunque pueda proporcionar un puñado de votos.