El Parlamento Vasco debatirá en
los próximos meses, dentro de los
trabajos iniciados a propuesta de
UPyD para reformar la normativa
de 1986 que regula las iniciativas
legislativas populares (ILP), una
propuesta del PSE-EE que impediría
que prosperase la campaña de
recogida de firmas para restringir
el acceso de los extranjeros a las
ayudas sociales promovida por el
parlamentario y alcalde de Vitoria,
Javier Maroto (PP). En concreto,
los socialistas plantean que ningún
miembro del Gobierno, del Parlamento,
de las tres Juntas Generales
y tampoco ningún alcalde puedan
valerse de este mecanismo.
El PSE-EE entiende, siguiendo el
modelo establecido en Cataluña,
que los representantes políticos ya
tienen cauces suficientes para elevar
sus propuestas y leyes al Parlamento.
De hecho, una de las críticas
más repetidas desde que se conoció
que Maroto promovería una
ILP para que su propuesta de endurecimiento
de las ayudas sociales
tuviera detrás «la fuerza de la
calle» es que el dirigente del PP no
necesitaba más legitimidad que la
ya tiene para plantear debates en
el Parlamento.
El portavoz del Gobierno vasco,
Josu Erkoreka, acusó a Maroto el
martes de hacer un uso «fraudulento
» de la ILP. Sugirió que no tiene
mayor afán que el electoralista,
ya que sabe que si presenta la propuesta
en nombre del PP será rechazada
al instante –el resto de
partidos no la apoyan– mientras
que con la recogida de firmas se
mantiene vivo durante meses un
debate en el que el alcalde de Vitoria
se mueve como pez en el agua.
Nadie duda de que el PP no desactivará
esta polémica hasta la campaña
de las municipales de 2015.
La propuesta del PSE-EE no llega
ni mucho menos al calor de los
últimos acontecimientos. La enmienda
que prohíbe a los políticos
ser promotores de iniciativas ciudadanas
fue presentada en marzo
por el parlamentario Mikel Unzalu.
La propuesta, de ser admitido por
una mayoría parlamentaria, sólo
tendría efecto en el improbable caso
de que la reforma de las ILP entre
en vigor antes de que Maroto y
los ciudadanos que le apoyen registren
su iniciativa en la Cámara.
Entretanto, el PP vasco continúa
defendiendo como de partido la
idea de Maroto. La secretaria general,
Nerea Llanos, mostró su total
respaldo a la recogida de firmas y
a la ILP.
Llanos, que el 4 de agosto declaró
a Efe que «el PP no quiere cambiar
el sistema de la Renta de Garantía
de Ingresos (RGI), sino que
se controle y se evite el fraude»,
aseguró en una rueda de prensa
que el modelo debe modificarse
para que «los jetas y aprovechados
» no cobren estas prestaciones
pagadas con dinero público.
«Apostamos absolutamente por
un sistema de protección social»,
dijo. Añadió incluso que, si es necesario
aumentar la bolsa de perceptores
y las partidas destinadas a estas
ayudas porque no son suficientes,
el PP estaría de acuerdo. Pero
precisó: «Solidaridad sí, pero justicia
también». «Nos van a tener ahí
exigiendo que el jeta y el aprovechado
no sea el que se lleve las
ayudas sociales. […] Sean de aquí
o de allí, porque aquí y allí hay jetas
y aprovechados», añadió.
El PP, recalcó, está «unido» en
esta intenció y quiere dar voz a la
ciudadanía. El planteamiento se ha
hecho en Álava, pero «evidentemente
» también en Bizkaia y Gipuzkoa
se están estudiando fórmulas
para desarrollar la iniciativa y,
además, de la mano de «asociaciones
» que «comparten esta visión».
Llanos no quiso concretar plazos ni
más detalles.
En este contexto, el Parlamento
debate hoy una iniciativa del PP
para controlar el fraude en las ayudas
sociales. En ella no se recogen
las siete propuestas que conforman
la reforma planteada por Maroto