“Poco antes de que Maroto criticara a marroquíes y argelinos, a los que acusó de cobrar la Renta de Garantía y no querer trabajar, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy estaba en Argelia renegociando el precio del gas”, recordó este miércoles  Miguel Ángel Ruiz, presidente del Consejo Social de Vitoria, el órgano compuesto por 33 hombres y mujeres creado para asesorar al Ayuntamiento en cuestiones relevantes de la ciudad. 

En su opinión, que comparte con otras personas que desarrollan su actividad profesional y voluntaria con los más desfavorecidos, el debate se está trasladando a la calle, a las familias y está agitando la convivencia hasta el punto de que creen real el riesgo de que, de seguir así, se puede dar algún brote de xenofobia en una ciudad como Vitoria que hasta ahora ha sido “ejemplar” en ese sentido.

El párroco de Santa María y responsable del Banco de Alimentos, José Angel López de Lacalle, admite que el debate “está generando revuelo y un clima desfavorable” que no es bueno para ninguna sociedad. “Se trata de un debate cuyas consecuencias van a pagarlas los mismos de siempre, los que más sufren y los que más necesidad tienen”, criticó.

El presidente de Cáritas, Santos Gil, también rechaza los planteamientos restrictivos: “Les aceptamos cuando vinieron a trabajar y participaron en la construcción de la ampliación de Vitoria con todos los nuevos barrios, y ahora que muchos de ellos están en el paro no es el momento de regatearles las ayudas”, dijo este miércoles a este periódico. Los tres coinciden en que es posible que algunos estén cometiendo fraude en el cobro de las ayudas sociales, como también lo cometen los nativos de Vitoria o el resto de Euskadi, y como lo cometieron hace años los estudiantes de comunidades limítrofes que se empadronaban en Vitoria para tener acceso a las ayudas y seguían en Zaragoza, La Rioja o Cantabria sus estudios.

Pero para ninguno de los tres justifica que se ponga en marcha una campaña de persecución contra colectivos tan concretos como los marroquíes o argelinos, como dijo el alcalde de Vitoria, Javier Maroto.

“Ayer me vino uno que llevaba día y medio sin comer, le di tres bocadillos congelados para que tenga qué llevarse a la boca. ¿Me estaba engañando? No lo creo pero ¿le voy a regatear un bocadillo que seguro que si no era para él era para su familia?”, explicó López de Lacalle.

Para Santos Gil no procede ni el debate ni el recorte. En su opinión habría que estar hablando de ampliar las ayudas ahora que es cuando mucha gente las necesita. “Maroto y el PP tendrían que estar luchando para defender que la Renta de Garantía de Ingresos se implante en España, no para restringir la que hay en Euskadi. El camino acertado es el contrario al que han cogido”, dijo Gil.

El presidente del Consejo Social de Vitoria se imaginó este miércoles a su alcalde hablando de convivencia, de cómo mejorarla, de ética y de moral, “y me da mucha tristeza que habiendo temas tan importantes que resolver en la ciudad, esté atribuyendo a colectivos concretos prácticas fraudulentas”, criticó. “Esto se está trasladando a discusiones, a bares, a las familias y a la calle, y desde luego lejos de contribuir a algo bueno sólo va a aumentar la animadversión de unos colectivos contra otros”, aseguró.

El presidente de Cáritas pidió este miércoles a los partidos que se confabulen para luchar contra una economía sumergida que supera, según las cifras que se manejan, el 20% de la economía, mientras que el hipotético fraude fiscal se estima inferior al 8%. “Nadie deja a su familia en cualquier país para venir aquí a cobrar las ayudas sociales, vienen a trabajar, pero ahora no hay”, aseguró Gil. “Se está cuestionando todo el sistema de derechos humanos, cuando hay que consolidarlo para contener los efectos de la crisis”, criticó Ruiz.