La intensa y duradera crisis está siendo devastadora
para familias, instituciones y empresas.
Mientras los ciudadanos y las compañías
se dejan la piel para pagar sus créditos,
el Gobierno vasco es incapaz de frenar
su endeudamiento. Por este y otros motivos,
ha llegado el momento de replantearnos
nuestro sistema de protección social para
que los recursos públicos lleguen a quien
verdaderamente lo necesita. La Renta de
Garantía de Ingresos (RGI) es imprescindible
para muchas familias al borde de la exclusión
social, pero existen otras necesidades
que hoy en día el Gobierno vasco no cubre
en su totalidad, como las ayudas de
emergencia social o a la conciliación.
Javier Maroto ha querido coger al toro por
los cuernos. Este verano ha denunciado el
fraude existente con la RGI, aunque lo hizo de
manera desafortunada al señalar a un colectivo
concreto. Desde otras formaciones le han
tachado de populista por plantear esta cuestión
a falta de 10 meses para los comicios locales.
Pues bien, Maroto se guardaba un as
debajo de la manga: impulsar una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP). Así no será él quien
coseche esos hipotéticos votos sino que el descontento
de algunos ciudadanos se canalizará
a través de una ILP. Lo más sorprendente
es que el PNV se muestre en contra de la
iniciativa cuando se les llena la boca con el
abstracto «derecho a decidir». ¿Acaso una
ILP no es derecho a decidir? Urkullu le acusa
de pretender «incrementar la tensión». Y
su derecho a decidir, ¿qué es? ¿Un impulso
a la convivencia? Por cierto, el lehendakari
ya mostró su disposición a negociar la reforma
de la Ley de Ayudas Sociales para evitar
«la cronificación de la marginación».
Por otro lado, quienes enarbolaban la bandera
de la participación ciudadana no quieren
ni oír hablar de consultas sobre la RGI. De
momento, ellos todavía no han consultado
nada al conjunto de los guipuzcoanos. El sistema
de la RGI hay que revisarlo porque hay
casos flagrantes de fraude y también de abuso.
Ejemplos muy claros como el del yihadista
que continuó cobrando la RGI después de
haber fallecido. Y no hay que pasar por alto la
carta que el Gobierno vasco envió en septiembre
a 10.000 perceptores de la RGI y de
la Prestación Complementaria de Vivienda
(PCV) en la que invitaba a devolver diferentes
cuantías «indebidas», que sumaban 56 millones
de euros. Una situación que ha generado
colapsos en las oficinas y teléfonos de Lanbide.
¡Una gestión modélica y eficiente!
Existe fraude y abuso. El primero se ataca
con más inspectores, pero el abuso es complicado
combatirlo. Habrá que modificar los requisitos
para acceder a estas ayudas. No es
de recibo que familias con tres descendientes
no puedan cobrar la RGI mientras otros con
poca disposición a trabajar reciban una transferencia
de la administración que, en algunos
casos, supera los 800 euros mensuales. Uno
podrá estar de acuerdo o no con los siete requisitos
planteados por Maroto, pero es indiscutible
que el sistema necesita una revisión.
El tiempo dirá si la ILP tiene éxito, aunque no
será fácil recibir el apoyo de 30.000 firmas.
De momento, ¡que hable el pueblo!