El Gobierno vasco considera potencialmente
«fraudulento» que el
alcalde de Vitoria y parlamentario
del PP, Javier Maroto, organice
una recogida de firmas para tramitar
en el Parlamento una reforma
legislativa que endurezca el
acceso de las ayudas sociales a los
extranjeros cuando tiene plena capacidad
para registrar una proposición
de ley. «No tiene
precedentes que
un parlamentario, en
lugar de presentar la
iniciativa en la Cámara
de la que forma
parte, pida apoyos
de los ciudadanos
[…]. Apela a la
ILP [iniciativa legislativa
popular], que
por definición no está
concebida para
que tiren de ella los
parlamentarios. Podríamos
encontrarnos
ante un uso
fraudulento de un
instrumento concebido
para plataformas
y asociaciones
privadas», indicó el
portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka,
en la rueda de prensa semanal
tras el Consejo de Gobierno.
Como ya manifestó el lunes el
Gobierno del PNV tras el encuentro
entre el lehendakari, Iñigo
Urkullu, y el propio Maroto, sólo
un deseo de «dilatar» voluntariamente
un debate sobre las ayudas
sociales en el que el PP se mueve
como pez en el agua justifica salir
a la calle y promover una ILP, a juicio
de Erkoreka. El portavoz rechazó
hablar expresamente de electoralismo
pero sí deslizó que «la ciudadanía
es lo suficientemente
avispada» como para sacar sus
propias conclusiones.
«El alcalde presenta una batería
de siete medidas [para modificar el
sistema de ayudas sociales]. Ha insistido
en que son urgentes. Por ello,
no se acaba de entender por qué no
las formula como una proposición
de ley. Si el debate es inaplazable,
que lo haga inmediatamente», se
quejó Erkoreka. Y añadió: «Alguien
plantea un debate como urgente y
puede provocar que tenga lugar mañana
mismo en el Parlamento. Pero,
en vez de ser coherente, pretende dilatar
el proceso».
Entretanto, el PP continúa lanzando
mensajes a favor de que la
sociedad vasca tenga derecho a
decidir una reforma de calado del
sistema de ayudas sociales. Javier
de Andrés, diputado general de
Álava, recordó que la formación
conservadora lleva años planteando
esa modificación, que no ha
prosperado por la oposición del
resto de partidos. Y añadió que «la
opinión pública» pide un cambio.
«Hemos demostrado, a lo largo
de todos estos meses en los que
venimos denunciando de una manera
responsable, qué es lo que
está ocurriendo con datos […]. Lo
que queremos es simplemente
que la voz de los ciudadanos también
llegue al Parlamento», apostilló
en Radio Euskadi Arantza
Quiroga, líder del partido en el
País Vasco y perfecta conocedora
de que la campaña de Maroto le
está granjeando importantes apoyos
en Vitoria. Apoyos, sí, aunque
también rechazos, ya que la oposición
local y determinados colectivos
sociales se están movilizando
contra el discurso de mano dura
con los extranjeros.
Erkoreka aludió ayer también a
los «riesgos» que puede conllevar
un debate «beligerante» hacia
«una parte de la sociedad» como
son los extranjeros. «Quiero llamar
la atención sobre el riesgo de
socializar ese debate en según qué
términos», indicó el portavoz del
Gobierno, que con todo reconoce
que «libérrimamente» cualquier
ciudadano tiene derecho a adherirse
a la campaña de Maroto.
En medio de esta tormenta política,
el Parlamento Vasco debatirá
mañana jueves, precisamente,
una iniciativa del PP «relativa a la
revisión del actual sistema de protección
para combatir el fraude
en las ayudas sociales». La moción
de Laura Garrido, sin embargo,
no recoge ninguno
de los siete
puntos propuestos
por Maroto para reformar
la Ley para
la Garantía de Ingresos,
como la expulsión
del sistema
de los inmigrantes irregularidades
y de los delincuentes, la exigencia
de haber cotizado a la Seguridad
Social o los diez años de
empadronamiento.
«Es otro debate. Lo que queremos
es poner de manifiesto la
ineficiencia de Lanbide más que
hablar de los requisitos para acceder
a las prestaciones», indicaron
fuentes del PP vasco a este
periódico. Así, antes del inicio de
la recogida de firmas, el PP buscará
concitar apoyos para «subsanar
las deficiencias de funcionamiento
de Lanbide», para contar con un
«servicio específico de inspección»
contra el fraude y para lograr que
el Inem vasco mejore en empleabilidad
y alcance el objetivo prometido
de gestionar al menos el 5%
de las contrataciones que se producen
en el País Vasco.