Bilbao – Cuatro meses lleva el PP, por boca de sus principales delegados en la CAV, sembrando las dudas sobre el sistema vasco de prestaciones sociales y señalando de forma directa a colectivos de inmigrantes muy concretos como defraudadores sin presentar prueba alguna pero generando un caldo de cultivo en el que la crispación y el enfrentamiento social bullen peligrosamente, tal y como han denunciado colectivos sociales e incluso el propio Gobierno vasco, que ha llamado a la moderación a los populares.

Su último movimiento de precampaña para las municipales y forales de mayo del 2015 anunciado este pasado lunes por el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto – recoger 30.000 firmas para dar contenido a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que endurezca las condiciones de acceso a ese catálogo de ayudas – , podría sin embargo volverse en su contra ya que esta figura legislativa fue creada para que ciudadanos, plataformas y asociaciones privadas pudieran presentar sus propuestas ante el Parlamento Vasco, donde precisamente Maroto tiene un asiento.

Así se lo recordó ayer el consejero de Justicia y Administración Pública, y portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, quien advirtió al primer edil y parlamentario del Grupo Popular de que “podríamos encontrarnos ante un uso fraudulento de un instrumento” que no está concebido para quienes ocupan un escaño en el Parlamento Vasco. En este sentido, Erkoreka invitó a Maroto a defender, como cargo electo, su envite sobre este asunto por medio de una proposición no de ley y, al mismo tiempo, promover la urgencia de un debate en la Cámara vasca.

“Si las medidas están claras y el debate es urgente, que lo haga inmediatamente pero que no se acoja a un procedimiento que no está previsto para los parlamentarios, que además sólo va a provocar el retraso del debate porque la recogida de las treinta mil firmas necesarias llevará tiempo”, expresó el portavoz del Gobierno vasco. “Pretende dilatar el debate iniciando un procedimiento de recogida de firmas que no está concebido en la legislación para uso de los parlamentarios. No tiene precedentes que un parlamentario, en lugar de presentar su propia iniciativa, recabe el apoyo de los ciudadanos con el tiempo y retraso que supone máxime cuando el propio impulsor la califica de urgente”, dijo.

Además, advirtió de la “problemática social” que puede generar promover una ILP para endurecer los requisitos de acceso a la RGI porque puede conllevar una actitud “beligerante” hacia una parte de la ciudadanía, en alusión a los inmigrantes. “Si el texto de la iniciativa se formula en los términos en los que se ha pronunciado el alcalde de Gasteiz en alguna ocasión, señalando claramente a colectivos de inmigrantes de origen muy conocido, socializar eso podría generar un enfrentamiento social”, lamentó. El portavoz del Gobierno vasco llamó la atención “sobre el riesgo que entraña socializar este debate según en qué términos se haga”.

“Chocante” Erkoreka aseguró que los ciudadanos son libres de adherirse a una iniciativa de este tipo, pero opinó que Maroto “está haciendo un uso incorrecto y chocante” de un instrumento que no está diseñado “para que tiren de él los parlamentarios, que tienen a su disposición sus propias herramientas”. Preguntado sobre los motivos que mueven al alcalde de Gasteiz a “recurrir a la fuerza de la calle” [como dijo el propio Maroto] a recurrir a una ILP y sobre si el uso de esta iniciativa estaría al servicio de la campaña preelectoral se limitó a constatar “el uso fraudulento de una ILP para unos fines distintos” para los que se creó y manifestó que “la ciudadanía es suficientemente avispada como para hacer una lectura precisa de las motivaciones que animan al alcalde a optar por esa vía”.

Precisamente Maroto insistía ayer en su apelación a la “fuerza de la calle” para evitar que el resto de partidos políticos que se oponen a su propuesta para restringir el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos a numerosos colectivos, “se vayan de rositas” del debate sobre este asunto. El primer edil y parlamentario del PP defendió su decisión de impulsar una recogida de firmas para apoyar su propuesta, que incluye excluir de la RGI a personas sin permiso de residencia, a ciudadanos que lleven menos de diez años empadronados en Euskadi y a quienes – con algunas excepciones – no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social.

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