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Un juzgado cita a De Andrés a un acto de conciliación con SOS Racismo

El trámite previo a la querella por las acusaciones de fraude se realizará el 3 de noviembre.

El País, EP, 08-10-2014

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vitoria ha citado al diputado general de Alava, Javier de Andrés (PP), y a la plataforma SOS Racismo Araba a un acto de conciliación el próximo 3 de noviembre después de que el pasado mes de septiembre la plataforma presentara una demanda de conciliación, paso previo a una querella criminal, contra el dirigente popular por sus acusaciones contra la ONG de fraude, por el empadronamiento de inmigrantes en su sede.

El portavoz de SOS Racismo Araba, Fede García, ha informado de que ha recibido esta citación por la que las dos partes están obligadas a comparecer el próximo 3 de noviembre. El texto señala que si alguna de las dos partes no comparece y tampoco justifica el motivo, se le condenará a pagar las costas y se dará el acto por intentado sin efecto.

SOS Racismo de Alava presentó el pasado 25 de septiembre una demanda de conciliación, previa a la interposición de una querella criminal por injurias y calumnias, contra el diputado general de Alava en la que reclama 79.296 euros – – la cantidad correspondiente al sueldo anual del alcalde de Vitoria, Javier Maroto – – por los daños ocasionados al acusar a la organización de “fraude masivo” en el asunto de las ayudas sociales.

La demanda, presentada en los Juzgados de Primera Instancia de Vitoria, fue interpuesta por la entidad social tras las palabras de Javier de Andrés en las que aseguraba que la ONG había realizado empadronamientos “ficticios” a 1.252 inmigrantes “con coste de 13 millones de euros al año” por el pago de prestaciones sociales.

En el texto de la demanda de conciliación, el portavoz de SOS Racismo en Alava pedía a De Andrés que deje de “tergiversar” en cualquier medio y que se excuse de las calumnias e injurias efectuadas. La organización exige una indemnización de 79.296 euros por los daños ocasionados, cantidad que quiere destinar al pago de campañas de sensibilización por los derechos sociales.

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