Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Médicos del Mundo acusaron ayer al Gobierno canario de “vetar el acceso al derecho universal a la salud” a inmigrantes y otras personas vulnerables al exigirles pagar facturas de miles de euros por servicios sanitarios de cuya cobertura gratuita han sido excluidos tras la reforma aprobada por el Ministerio de Sanidad hace ahora dos años.

Las 45.000 personas cuya tarjeta sanitaria desactivó el Servicio Canario de Salud (SCS) en las semanas posteriores a la reforma no han conseguido sortear su exclusión del sistema pese a las promesas que a tal fin ha hecho el Ejecutivo regional, dijo Javier Jerez, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que denunció que la tarjeta sanitaria especial puesta en marcha en el Archipiélago solo beneficia a 147 personas.

Según las ONG, 45.000 personas perdieron su acceso a los servicios sanitarios en 2012

Ejemplos de los servicios a los que ya no pueden acceder los inmigrantes sin residencia legal son una asistencia a una madre en parto o un tratamiento de diálisis de menos de 20 días, por los que el Servicio Canario de Salud (SCS) reclama más de 4.000 y 18.000 euros, respectivamente, a dos inmigrantes que no tienen cobertura gratuita por carecer de tarjeta sanitaria tras la reforma llevada a cabo hace dos años, denuncian estos colectivos.

Esa reforma, que privó a los inmigrantes irregulares de la cobertura sanitaria en España, está provocando situaciones como esas, o como las de personas que han visto desvanecerse sus esperanzas de ser sometidas a una operación o que tienen que pedir dinero a Cáritas para pagar caros medicamentos que precisan para paliar dolencias crónicas de corazón u oncológicas, advierten las ONG que trabajan en esta materia en Canarias.