La historia ha tardado siete años en llegar a juicio y es una de las más raras que se recuerda en la Policía de Madrid. Cuatro agentes del ya extinguido grupo de los Centauros, que patrullaban de noche por la ciudad, se sientan desde ayer en el banquillo de los acusados por unos supuestos robos en locales chinos.

El caso surgió en 2007, cuando los agentes de este grupo hicieron varias redadas consecutivas en locales de juego clandestinos y empezaron una investigación sobre la mafia china. A los pocos días de comenzar estas redadas, un grupo de 15 ó 20 ciudadanos chinos les denunció por robos, vejaciones y malos tratos en la comisaría.

Con esos datos, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía los arrestó pocos días después, sin más investigaciones. Los agentes fueron puestos en libertad al pasar a disposición judicial, los suspendieron de empleo y sueldo e incluso hubo presiones a los jueces de guardia e instructor sobre el caso.

Los policías volvieron al trabajo tiempo después, pero ahora el pasado vuelve a caer sobre ellos con la petición de penas de la Fiscalía de Madrid: cuatro acusados, a dos les pide sendas condenas de 15 años y a los otros de cinco. Están acusados de tres delitos consumados de robo con violencia, un delito contra la salud pública, una falta de maltrato y una falta de vejaciones.

Meses después de los arrestos, parte de los denunciantes había vuelto a China y nunca fue a declarar al juzgado. Otros fueron arrestados en una operación de la Brigada Provincial de Policía Judicial contra la clonación de tarjetas de crédito.

Ayer, Francisco, que entonces era inspector y ahora es inspector jefe, declaró en la Audiencia Provincial que en los pinchazos telefónicos de aquella operación contra las tarjetas falsas se escuchó: «Ya nos hemos librado de estos».

Así, ayer los agentes defendieron que las denuncias fueron falsas y se trató de una estratagema de la mafia china para impedir que se la investigara. La Fiscalía, en cambio, mantiene que hubo delitos y pide cárcel para los cuatro agentes. Mientras, José María Garzón, abogado defensor, pidió la libre absolución por falta de pruebas y argumentó que se quiso impedir una investigación.