Milagros Villalobos supo que estaba embarazada el pasado 9 de julio, el mismo día que tuvo un sangrado vaginal por el que acudió a las Urgencias del Hospital Marina Salud de Dénia (Alicante). En este centro público de gestión privada, según sostiene esta venezolana de 37 años, se le puso como condición para ser atendida la firma de un compromiso de pago por 180 euros al no tener la tarjeta sanitaria en regla. La mujer, que regresó a su casa sin recibir atención médica, volvió a manchar a los tres días y acabó firmando el documento que le permitió ser atendida. En una segunda cita, el 28 de julio, se le confirmó un aborto.

La historia de Milagros podría ser una más dentro de las recogidas en el informe de julio emitido por Odusalud (Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana). Desde que en abril de 2012 el Gobierno aprobara vía decreto la reforma del Sistema Nacional de Salud que en la Comunidad Valenciana supuso la retirada de 78.000 tarjetas sanitarias, un total de 718 personas notificaron al Observatorio que en distintos centros sanitarios se les denegó la asistencia.
La mujer, de nacionalidad venezolana y en España desde 2006, advirtió que tenía antecendentes de riesgo

Milagros lleva desde 2006 en España, llegó dos años después de que lo hiciera su marido. Es diseñadora gráfica pero se ha ganado la vida en distintas labores. Cuando perdió su empleo no pudo renovar su residencia y, sin ella, desapareció también su tarjeta sanitaria. Sin embargo, Milagros sabía que las urgencias y las mujeres embarazadas mantienen la cobertura sanitaria en la Comunidad Valenciana.

“Llegué muy asustada, contando que me dejarían pasar”, recuerda por teléfono Milagros, que entró en Urgencias advirtiendo que con anterioridad había sufrido un embarazo ectópico por el que estuvo 8 días ingresada en Alicante y otro de riesgo, este último tuvo como fruto a su hija. Un embarazo ectópico es extrauterino y requiere de cirugía por posible rotura de la trompa de Falopio, el lugar más común donde suele alojarse el óvulo, y requiere de observación médica. “La recepcionista insistió en la firma, yo le decía que no podía hacerlo sin consultar con mi marido y ella decía que tampoco me quería dejar ir pero debía firmar”, sostiene Milagros, quien al final regresó a su casa.

En su hogar permaneció en cama inmóvil, “angustiada”, y pese a ello volvió a manchar durante el fin de semana. El domingo 13 de julio regresó al centro. El miedo de su esposo superó la posibilidad de no poder afrontar el pago del dinero. “El médico me insistió en la gravedad y me comunicó que tenía que haber entrado sí o sí el miércoles (anterior)”, cuenta la venezolana, “me dijo que estaba de tres semanas y me dio cita para tres días después”, el 16 de julio.

La mujer no acudió a la cita, dos días antes recibió una llamada. “Supuse que era del centro”, explica, “fue una conversación muy violenta en la que una mujer que no se identificó, me habló de muy malas maneras y tenía mis datos. Que si me atreví a pedir una cita después de visitar Urgencias, que quién me creía, que si me atrevía a volver que supiera que eran 180 euros por la urgencia y 60 la consulta, que si no, anulaba la cita. No me dio opciones, solo me regañaba y me decía que tenía que ir a la trabajadora social”, describe la mujer no sin cierto agobio. Definitivamente, el 28 de julio un ginecólogo de consultas externas del centro confirmó el aborto de su tercer embarazo.

La dirección del Hospital consideró en su versión de los hechos que “la paciente ha sido atendida en todo momento por un especialista, se le han realizado todas las pruebas pertinentes”. En un comunicado, el centro confirma que existió una llamada el día 14 de julio en la que “se informa la paciente de los trámites que ha de seguir para regularizar situación a través de la Trabajadora Social”. Sobre el parte de paciente privado que se le dijo de firmar, el Hospital sostiene que no se exigió ningún pago y que el documento es un trámite que se realiza habitualmente, y en todos los hospitales públicos”, “sin que ello signifique que se le vaya a facturar”.

“Es ilegal, firmar un documento para ser atendido, y no es un caso aislado, ocurre en más sitios de la Comunidad Valenciana”, asevera Abril Millán, de la plataforma Jo Sí Sanitat Universal València, integrada en el Odusalud. “No hay información suficiente, ni seguimiento de los trabajadores sociales para que aquellos que no tiene acceso a la tarjeta sanitaria sepan cuáles son sus opciones”, considera Millán.
El Hospital asegura que “la mujer ha sido atendida en todo momento por un especialista”

Entretanto, Milagros tramita sus papeles para acceder al Programa Valenciano de protección de la Salud, anunciado por la consejería de Sanidad en julio de 2013 y que acoge a menores, embarazadas y gente sin medios económicos. “Ojalá pudiera volver atrás y grabar todos los comentarios despectivos, nunca me había sentido tan discriminada. Yo solo quiero que se sepa lo que me ha ocurrido a mí para que no le pasé a nadie”, dice esta venezolana que se pregunta: “El español es mi lengua y si le hubiera pasado a una marroquí o a alguien que no lo domine. Hubieran entendido que no les querían tratar, pero nunca sabrían qué hacer”.