El alcalde de Vitoria, Javier Maroto
(PP), abrió la caja de pandora al exigir
cambios legales en el acceso a la
Renta de Garantía de Ingresos (RGI)
con la denuncia de que inmigrantes
marroquíes y argelinos que residen
en la ciudad han hecho de las ayudas
sociales su modo de vida y rechazan
trabajar. Ahora, cuando las llamas de
la polémica de sus declaraciones sigue
aún muy vivas, su compañero
Javier de Andrés, diputado general
de Álava, ha echado más leña al fuego
al cuestionar el actual modelo de
ayudas sociales en Euskadi, ya que,
según denuncia, no está logrando su
«propósito real» de facilitar la integración
al mercado laboral de las
personas sin recursos.
De Andrés aseguró ayer que es el
momento de «replantearse» el modelo
a la vista de que «no está logrando
de modo alguno la integración» de
las personas beneficiarias y abre la
puerta a la llegada de inmigrantes a
Euskadi «simplemente con el objetivo
de cobrar esa renta».
El planteamiento del diputado
general de Álava alimenta el mensaje
duro que el PP vasco viene defendiendo
en los últimos meses en
política de inmigración y que se ha
recrudecido en verano a raíz de las
palabras de Maroto. Las palabras
del alcalde suscitaron el rechazo
de la oposición, pero la fuerte polémica surgida ha servido de base al
PP para reafirmarse más si cabe en
su planteamiento de la necesidad
de acometer cambios legales para
cerrar el acceso a la RGI a los inmigrantes
que acuden a Euskadi sin
vocación de integrarse ante la ineficiencia
del sistema. Así, sostiene
que se está demostrando que Lanbide
no cumple con su labor para
que los perceptores logren un empleo
y no se cronifiquen en el sistema,
ya que el éxito de intermediación
apenas alcanza el 2%.
La modificación del modelo
que plantea De Andrés se suma a
la propuesta que lanzó hace ahora
justo un mes de endurecer la
ley para que la RGI, el salario social
para quienes no cuentan con
recursos, no sea limitada en el
tiempo y tenga una vigencia temporal
reducida, en línea con los
postulados del Gobierno británico
de David Cameron.
Entre los fallos que De Andrés
atribuye al actual sistema está el
requisito exclusivo del empadronamiento,
ya que puede convertirse
en una «renta vitalicia» para
los extranjeros. Por ello, reclamó
una política de inmigración «seria
» que «no sea atractiva para
que aquí se presente gente de todo
el mundo» con el único objetivo
de «cobrar esa renta.
Frente a las críticas de la oposición,
el diputado general, quien
comparte con Maroto que «hay colonias
enteras de inmigrantes disfrutando
de las ayudas sociales»,
argumenta que sus propuestas responden
a la «indignación» que
existe en la sociedad vasca con la
política que se está siguiendo con
la RGI y los extranjeros. Y puso el
ejemplo de la quejas ciudadanas
por el trato desigual, ya que una
persona española que pretenda acceder
a esta ayuda debe demostrar
que no posee ningún bien, algo
que no se exige a los inmigrantes.
Ante la reiteradas demandas del
PP vasco para modificar la RGI, el
Gobierno vasco quiso ayer zanjar
la cuestión: el modelo no se toca.
El consejero de Empleo y Políticas
Sociales, Juan María Aburto, replicó
a los populares que el debate de
la modificación «no está abierto»,
ya que esta ayuda social «soporta
la dignidad de más de 65.000 familias
» en Euskadi, de modo que, según
aseveró, su cambio «también
pondría en cuestión nuestra dignidad
como sociedad».
El Ejecutivo de Vitoria blindó el
actual modelo apelando a la cuestión
de la «dignidad» de la sociedad
para eludir la polémica de los fallos
que puede deparar el actual procedimiento,
caso del deficiente papel
de intermediación que cumple Lanbide,
como denuncia el PP vasco. A
este respecto, De Andrés emplazó a
los demás partidos a distinguir entre
la «crítica a la política que se sigue
en esta materia» y la «dignidad
humana de las personas».