La Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants y el Observatorio del Derecho Universal a la Salud (Odusalud) convocaba el pasado domingo una concentración con motivo del segundo aniversario del Real Decreto 16/2012 para exigir la retirada de una ley que, según denuncian, “transformó el modelo universal de salud por un modelo condicionado al aseguramiento”, al tiempo que reclamaban una indemnización para quienes “han visto peligrar su vida”.

En el comunicado Txema Toribio, portavoz de las entidades convocantes, recordaba que llevamos dos años de “destrucción del derecho a la atención sanitaria”, con 78.000 personas que han quedado “sin atención sanitaria” en la Comunitat Valenciana y con 700 incidencias denunciadas, “no son todas las que suceden, son las que conocemos”.

Entre estas incidencias se encuentran personas transplantadas, mujeres embarazadas, emfermos crónicos o el hecho de que se hay “negado” la asistencia médica a 79 menores, “que deben contar con una protección especial”.

De igual forma, se refieren a la exigencia de firma de un compromiso de pago previo a la asistencia y la facturación – un hecho que provocó el aborto de una inmigrante venezolana el pasado mes de julio en Dènia – , “sigue siendo un elemento disuasorio para algunos pacientes”.

Así, apuntaban que dos de cada tres casos corresponden a personas que “no superan la barrera administrativa, no llegan a ser evaluados directamente por personal sanitario”, con lo que “queda bloqueada” la atención primaria y “pone en riesgo” la salud pública en su conjunto.

Programa Valenciano de Protección a la Salud, “ninguna solución”

En cuanto a la creación del Programa Valenciano de Protección a la Salud, hace un año, Toribio resaltaba que “no ha tenido ningún efecto para mejorar el acceso a la atención sanitaria, ha provocado más confusión entre el personal sanitario y las personas inmigrantes sobre su derecho”. Además, indicaba que a él sólo se han podido acoger 3.500 personas de las 78.000 a las que le fue retirada la tarjeta. Las organizaciones sociales han denunciado que existe una “deliberada falta de información” desde los responsables sanitarios.

Así, reseñaban que la principal consecuencia del Real Decreto y del Programa Valenciano de Protección a la Salud creado por la Consellería de Sanitat –que es responsable directo de la protección de derecho a la salud– ha sido “la autoexclusión de las personas inmigrantes de la atención sanitaria, incluso en casos de enfermedades graves. El miedo a que una factura sanitaria impagada les impida regularizarse y obtener la tarjeta de residencia les lleva a poner en riesgo su vida”.

E insistían que “con argumentos falsos sobre ahorro sanitario y sostenibilidad del sistema se puso en marcha una medida racista que vulnera los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades de la Constitución, el artículo 43 de la Constitución y el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

“Ni un día más sin derecho a la salud”

Las entidades sociales que forman la Mesa de Entidades en Solidaridad con los Inmigrantes y el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana exigen la eliminación inmediata de este Real Decreto “inhumano” y la indemnización a todas las personas que han visto vulnerados sus derechos fundamentales poniendo su vida en riesgo.