Paula Díaz

Tucson (EE.UU.), 28 ago (EFE).- Las mujeres indocumentadas tienen una nueva vía para permanecer en Estados Unidos después de que el Departamento de Justicia admitiese por primera vez la violencia doméstica como posible motivo para calificar para asilo en el país.

Esta nueva posibilidad surge después de que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por su sigla en inglés), el máximo órgano administrativo para interpretar y aplicar las leyes de inmigración, aprobase este martes el asilo para una inmigrante guatemalteca, que no fue identificada.

Inicialmente la solicitud de esta mujer guatemalteca, que entró al país en 2005 con sus tres hijos, fue negada y su deportación estaba programada para 2009, pero, tras apelar la decisión, la BIA revisó el caso y aprobó el asilo.

“Es un gran logro porque por muchos años hemos empujado este tema con los casos de violencia doméstica, se ha hecho el esfuerzo de tratar de crear un grupo social para que pueda entrar en las categorías”, dijo hoy a Efe Víctor Nieblas, abogado especialista en leyes migratorias y presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Nieblas explicó que para calificar para el asilo un inmigrante debe entrar en una de las cinco categorías aceptadas: ser víctima de persecución por motivos políticos, nacionalidad, raza, religión o ser miembro de un grupo social particular.

El documento de la corte de apelaciones señala que dependiendo de los factores y la evidencia en un caso individual, “una mujer casada en Guatemala que no puede salir de su relación” puede constituir un grupo social particular reconocido, lo que forma la base de una solicitud de asilo o de detención de la deportación.

Nieblas aclaró que no todas las mujeres centroamericanas pueden calificar, porque cada caso será evaluado individualmente. Sin embargo, si tienen un caso similar al de la inmigrante guatemalteca y se determina que su país no las protege pueden tener un buen caso.

En sus argumentos, la mujer afirmó que acudió a la Policía en Guatemala para denunciar el abuso, pero le dijeron que las autoridades no interferían en su matrimonio.

En opinión de Nieblas, esta decisión cambia el panorama para las mujeres que se encuentran detenidas en el Centro Familiar Residencial de Artesia (Nuevo México), que alberga a mujeres con hijos que inicialmente estaban siendo liberadas en estaciones de autobuses en Arizona.

“Esto es grandísimo, no sólo para los casos de asilo pendientes, sino para las mujeres que se encuentran detenidas en Artesia, porque la gran mayoría están solicitando (asilo) por este tipo de abuso”, indicó.

El presidente de AILA explicó que desde que se conoció el dictamen de la BIA los jueces que atienden estos casos empezaron a revisarlos tomando en cuenta esta decisión.

Más de 63.000 personas, la mayoría de ellos mujeres y menores procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, han sido detenidas en la frontera sur en los últimos diez meses, y, aunque muchas fueron liberadas, otras permanecen en centros detención mientras se define su situación migratoria.

Nieblas explicó que un caso de asilo puede tomar meses o años para llegar a una decisión final, y mientras esto sucede la persona puede trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos.

“Los jueces tendrán que reconsiderar las fianzas para todas estas mujeres que están solicitando asilo y que hasta ahora no les han permitido tener una fianza”, comentó.