La reforma migratoria integral que perseguía Barack Obama no ha podido ser, pero al final EE.UU. tendrá nuevas leyes migratorias a pesar de todo. Y eso será así porque el presidente ha decidido aprobarlas como órdenes ejecutivas, las únicas que puede llevar adelante al margen del Congreso.

Esa decisión ha provocado un terremoto político incluso antes de que se den a conocer. Dos republicanos insinuaron el miércoles que su partido podría forzar un nuevo cierre de la Administración en las próximas discusiones sobre el presupuesto estatal. A lo que el portavoz de la Casa Blanca contestó ayer: «Esperamos que no vuelvan a hacerlo por el bien de la economía», recordando el último cierre que los conservadores forzaron por su postura en contra de la reforma sanitaria de Obama.

Pero el Partido Republicano se apresuró a desmentir esa posibilidad. En el anterior cierre, los conservadores se llevaron la peor parte porque su popularidad bajó a mínimos históricos, algo que ahora no se puede permitir porque hay elecciones legislativas en noviembre.

No se sabe exactamente lo que va a aprobar Obama pero, según fuentes conocedoras de ello, protegerá de la deportación a entre cinco y siete de los once millones de inmigrantes que viven ilegalmente en EE.UU. La Casa Blanca ha puesto a sus juristas a trabajar en fórmulas que impidan que las órdenes presidenciales puedan ser derogadas por los tribunales. Claro, que también los republicanos se han puesto a trabajar en lo contrario, buscar la manera de impedir que el presidente pueda aprobar esas leyes.

Obama tenía previsto anunciar las nuevas normas el Día del Trabajo, que en EE.UU. se celebra el próximo lunes, pero lo ha retrasado unos días a causa de la escalada terrorista del EI y los disturbios raciales en Ferguson.