La oposición critica que las medidas lleguen justo antes de las elecciones de Sajonia

Los ánimos están caldeados después de la presentación del paquete de medidas que Berlín pretende impulsar para detener lo que ha llamado de manera abiertamente estigmatizante «inmigración de la pobreza». Las críticas apuntan a que el fenómeno en que se basa el proyecto de ley, que debe ser aprobado por el gabinete ministerial, luego por el Bundestag alemán y que no entrará en vigor antes de 2015, es un fantasma.

En la presentación realizada por sus creadores, el ministro de Interior Thomas de Maizière y la ministra de Trabajo Andrea Nahles democristiano (CDU) y socialdemócrata (SPD), la ministra fue consultada acerca de cuánto abuso de prestaciones existe por parte de inmigrantes europeos. «No sabemos exactamente», respondió. La segunda gran crítica es que se trata de una estrategia electoral de cara a las regionales del domingo. «Justo ahora, a poco de las elecciones en Sajonia, los extranjeros son relacionados con el fraude al sistema social de prestaciones» ha comentado el eurodiputado liberal (FDP) Alexander Graf Lambsdorff.

Los ojos apuntan a los socialcristianos de la CSU, la filial bávara de la CDU, activa impulsora del informe de 140 páginas y del paquete de medidas de corte filoxenófobo: Heribert Prantl del diario muniqués Süddeutsche Zeitung el rotativo serio más leído de Alemania comenta que la CSU tiene la tradición de «tratar personas como abusadores: abusadores de asilo, abusadores de prestaciones sociales, …». Para Prantl, la CSU que tendría como nueva víctima a los trabajadores llegados desde Rumanía y Bulgaria, han hallado al fin eco en la coalición conservador – socialdemócrata de Angela Merkel (CDU) a través de un informe que «no es cierto de principio a fin, y que no está respaldado con números sino que sólo por prejuicios».

Nahles y De Maizière quieren que los parados comunitarios sólo reciban permisos de residencia de seis meses y que luego de cumplidos sin expectativas de encontrar empleo sean «obligado» a abandonar el país no extendiéndole el permiso y perdiendo los derechos como asistencia sanitaria y otras prestaciones sociales. «creemos que podemos conseguir atajar este problema y al mismo tiempo mantener la libertad de movimiento en la Unión Europea (UE)», comentaron los ministros indicando que el objetivo es atajar los «abusos» a las prestaciones sociales.

Cabe recordar aquí que según el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la UE, los comunitarios tienen derecho a trabajar en otro país y a recibir el mismo trato que los ciudadanos de ese país. El paquete de medidas, que parece una declaración de intensiones socialcristiana por aceptar el salario mínimo del SPD, contempla multas y penas de hasta tres años de cárcel para los condenados por violar las condiciones de su residencia en el país.

La Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) considera el informe populista, Los Verdes de no aportar datos que demestren el fraude masivo por parte de los comunitarios al sistema de prestaciones alemán, Cáritas de generar una «falsa imagen» de los inmigrantes, la iglesia evangélica que los abusos son excepciones. Según Prantl, apenas el 10% de los rumanos reciben subsidio de desempleo que va a parar en la mayoría de los casos a trabajadores pagados miserablemente por sus empleadores. El problema de fondo es ese y no el «abuso» de las prestaciones sociales. Se está abusando vergonzosamente de la miseria de los inmigrantes, comenta el rotativo bávaro.